El Congreso de los Diputados ha aprobado el proyecto de Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, un nuevo marco legal para la cooperación española que la hará más eficaz, más ágil para responder a los nuevos retos globales y más transparente.
La nueva normativa responde a las demandas del sector y aspira a convertirse en referente de un nuevo modelo de cooperación, apostando por la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible o el Acuerdo de París contra el cambio climático. Permitirá centrar la ayuda al desarrollo en bienes públicos globales, como la salud global o las crisis alimentarias, y fomenta las alianzas entre actores.
Además da rango legal al compromiso adquirido por España de destinar el 0,7 por ciento de la Renta Nacional Bruta a Ayuda Oficial al Desarrollo en 2030. “Se trata de recuperar el terreno perdido durante 10 años de descensos en la dotación financiera de la ayuda al desarrollo y consolidar el camino que se inició en 2018”, ha destacado el ministerio de Exteriores. Entonces, se dedicaba a este capítulo el 0,18 por ciento de la Renta Nacional Bruta.
En palabras del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, “esta ley pone al día la cooperación española cuya ley anterior se remonta a 25 atrás, sitúa a España a la vanguardia y la convierte en referente con un nuevo modelo de cooperación”.
Durante la elaboración del texto legal se recibieron más de 130 aportaciones de diversos actores y colectivos. El 97 por ciento de ellas han sido incluidas en el articulado y, además, durante el trámite parlamentario se han incorporado enmiendas de distintos grupos políticos.
Protección a cooperantes
Esta ley servirá como marco para la elaboración de cuatro Reales Decretos que desarrollarán su contenido. Estas disposiciones estarán dedicadas a la reforma de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), la ley de subvenciones, la cooperación financiera y un nuevo Estatuto de las Personas Cooperantes.
El Estatuto de las Personas Cooperantes pretende reconocer el papel fundamental de los trabajadores y las trabajadoras al servicio de la cooperación. Se introducirán mejoras en sus condiciones laborales y se sentarán las bases de una carrera profesional para asegurar la atracción, retención, capacitación y promoción del talento.
En cuanto a la reforma de la cooperación financiera, el objetivo es “hacerla más ágil, eficaz y en línea con los modelos de nuestros principales socios europeos y otros organismos multilaterales”, han señalado desde el ministerio de Exteriores.
La reforma de la normativa de subvenciones en materia de cooperación descentralizada “incrementa la transparencia de la Cooperación Española”, ha afirmado el ministerio, ya que la dotará de nuevos instrumentos para mejorar la evaluación, el seguimiento y la rendición de cuentas, acercando el trabajo de la cooperación a la ciudadanía.
Alianzas
La nueva Ley, además, pretende fortalecer la gobernanza del sistema de la Cooperación Española con la mejora de los instrumentos de coordinación, concertación y colaboración entre actores.
En particular, apuesta por reforzar el papel de la cooperación descentralizada, una de las señas de identidad y fortalezas de la Cooperación Española.
Por un lado, la acción de las comunidades autónomas se desarrollará según sus respectivos Estatutos de autonomía y leyes autonómicas, y por otro, se da acceso a las comunidades autónomas a participar en programas de cooperación delegada de la UE, en los términos que establezca la legislación comunitaria y de modo consensuado con el Estado, y de otros organismos multilaterales.
