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No ocuparon las grandes sesiones plenarias del último encuentro de ASCO, pero los artículos seleccionados como highlights por Alfonso Gómez de Liaño, oncólogo del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Canarias, y Carlos Aguado, del Hospital Clínico San Carlos, pusieron el foco en asuntos que generan controversia entre los especialistas y sitúan en primer plano la calidad en la atención al paciente.
“¿Estamos dejando de poner fármacos que pueden ser eficaces porque nos penalizan y, sin embargo, estamos utilizando mal otros fármacos? Esta pregunta, formulada por uno de los moderadores, Ignacio Durán, jefe del Servicio de Oncología del Hospital Marqués de Valdecilla, situó el debate en el lugar preciso.
La pregunta se formula a partir del análisis de un artículo sobre el análisis económico de estrategias alternativas de dosificación de pembrolizumab y nivolumab en un centro académico contra el cáncer, firmado por Evan Thomas Hall, entre otros investigadores.
El punto de partida es que ambos tratamientos fueron investigados inicialmente y aprobados por la agencia del medicamento norteamericana la FDA, con estrategias de dosificación basadas en el peso, pero la etiqueta de aprobación se modificó a una administración de dosis fijas. Con el trasfondo de lo que los autores denominan la “toxicidad financiera” de las terapias contra el cáncer, plantearon la hipótesis de que la dosificación basada en el peso de ambos fármacos y la posibilidad de compartir viales en el tratamiento de estos pacientes supondría un importante ahorro de costes.
Con esta estrategia de combinación de dosis, los autores estiman un ahorro anual de un millón de dólares. La opinión de los autores, expuso Gómez de Liaño, es que la mayoría de los pacientes se “sobredosifican” con una dosis fija, de modo que la minimización de dosis es eficiente. “El ‘vial sharing’ es una práctica común en muchas farmacias hospitalarias. Quedan como preguntas abiertas si realmente entendemos bien cómo funcionan estos fármacos y cómo dosificarlos adecuadamente”, explicó .
Además, apuntó la posibilidad de que en un futuro exista la posibilidad de trazar perfiles farmacocinéticos que permitan identificar precozmente qué pacientes necesitan qué dosis y en qué tiempo.
Enriqueta Felip, jefa del Servicio de Oncología Médica del Hospital Vall d’Hebron y moderadora de la mesa, admitió que se trata de un tema complicado. “Personalmente me siento más cómoda proporcionando las dosis del estudio randomizado que ha llevado a la aprobación”, defendió. Una opinión compartida con una parte de los especialistas entre el público, que reforzaron que en los IPTs el facultativo está obligado al dato que aparece en las indicaciones, con la sensación de que si el especialista se sale del IPT y de la ficha técnica parece cometer “perjurio”.
En la misma línea, Felip recordó que en ocasiones se aprueban nuevos esquemas de tratamiento y no siempre se hace basado en un estudio randomizado. “Es un tema importantísimo, como la duración del tratamiento, que genera un gran sobrecoste”, advirtió.
Otro de los trabajos analizados en la sesión repasa el gasto de bolsillo del paciente que participa en ensayos clínicos en fase I en Estados Unidos. Según este estudio, los pacientes norteamericanos asumen un desembolso de 1.695 euros al mes. La posibilidad de que estos resultados sean extrapolables a nuestro país también generó un interesante debate. Aunque muchos de estos estudios, fundamentales para el avance de la investigación, cubran los gastos de desplazamiento. Los moderadores recogieron el testigo lanzado desde el público sobre la importancia de analizar este gasto, que quizá sea superior al que pueda parecer.
