Resulta evidente que en 2025 no se va a llevar a cabo la reforma que nuestro sistema sanitario requiere. El necesario cambio de enfoque no es algo que vaya a suceder —si es que finalmente sucede— a corto plazo. Quizá deberíamos conformarnos con que, al menos, autoridades políticas y sanitarias empiecen a ser conscientes de que nuestra Sanidad no está preparada para pasar “del curar al cuidar”, para poder atender con eficacia y dignidad a una población cada vez más envejecida y aquejada de dolencias crónicas. El viaje de una Sanidad de agudos a una de crónicos es muy complejo. Pero además de dificultoso por el cambio de mentalidad que implica, también se torna imposible mientras la Sanidad española no incorpore a las 123.000 enfermeras y enfermeros necesarios sólo para igualarnos a la media de la Unión Europea. Insisto, no son profesionales que estén en el paro y haya que contratar –aunque una parte se haya ido al extranjero en busca de unas condiciones de trabajo dignas- sino que son enfermeras que hay que formar aumentando las plazas universitarias para que, cuatro o cinco años más tarde se incorporasen al sistema sanitario, público o privado.

A ese problema enquistado y estructural, algunos representantes de la Sanidad privada le dan una solución tan sencilla como perniciosa. Los técnicos de cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) NO son enfermeras. Tienen un papel fundamental en la atención al paciente, pero NO son enfermeras, NO pueden desempeñar el trabajo de otro profesional que ha estudiado un grado universitario de cuatro años y, en muchos casos, dos años más de especialidad. Ante la falta de enfermeras, la solución no pasa porque otros profesionales hagan de enfermeras, ocupen su lugar, aunque tengan menor preparación, sino por conseguir que haya el número suficiente de enfermeras y enfermeros.
En otro orden de cosas, resulta fundamental que las dos leyes transversales de la Sanidad —Ley del Medicamento y Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS— se modifiquen y especifiquen las funciones que desempeña una enfermera o enfermero en el año 2025 y no las que tenía el siglo pasado.

Es decir, y así parece que se encamina la reforma de la Ley del Medicamento, que se incluya la capacidad de prescripción de las enfermeras —dentro de sus competencias— al igual que sucede, por ejemplo, con podólogos y odontólogos. Esperemos que otras profesiones no pongan más palos en las ruedas en este sentido. Las enfermeras no queremos ser médicos, ni suplantarles, pero si queremos contribuir a consolidar un sistema sanitario más ágil y eficaz, por nuestras competencias, por nuestra formación y, fundamentalmente, porque nos ampara la ley.

Otro asunto preocupante y sobre el que es preciso actuar es la vergonzosa discriminación que sufren las enfermeras al estar encuadradas –como cuando eran diplomadas- en el grupo A2 de la Administración Pública. Como graduados, los profesionales de Enfermería tienen que pasar a formar parte de un grupo A unificado, sin distinción. Esa anacronía impide a las enfermeras acceder a determinados puestos de gestión y, por supuesto, menor retribución. ¿Son las enfermeras profesionales de segunda categoría? ¿Se merecen una afrenta más? Las Administraciones saben que esto es irregular e injusto.

Por otra parte, en lo relativo a la Organización Colegial de Enfermería, me congratula que exista un clima de colaboración y sin fisuras de importancia entre el Consejo General y los colegios provinciales y consejos autonómicos. Estamos trabajando juntos por unos objetivos comunes y en un ambiente presidido por la transparencia, la participación y el aperturismo.
Es por ello, que siguiendo la senda marcada por el actual equipo al frente de nuestra institución, en los últimos presupuestos del Consejo General, aprobados recientemente por amplia mayoría, destinamos más del 40 por ciento de los fondos a promover la investigación y la formación a través de los colegios de enfermería, a acciones que favorezcan el desarrollo profesional y a campañas que logren aumentar la visibilidad de la profesión en la población y poner en valor el trabajo que hacen cada día las 345.000 enfermeras y enfermeros.

Son muchos los retos que tenemos por delante, en el rediseño de leyes y del propio sistema sanitario estamos a la entera disposición del Gobierno Central, del Ministerio de Sanidad y otros departamentos implicados —como Hacienda o Administraciones Públicas en el caso del grupo A— para aportar todo nuestro trabajo y experiencia. La situación exige voluntad de acción y sentido común.

Florentino Pérez Raya. Presidente del Consejo General de Enfermería de España (CGE)


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