En la fotografía del acceso a la innovación, España figura en segundo plano. Cuando menos, si se atienden los últimos informes existentes. Por ejemplo, el estudio WAIT —con datos de 2019— revelan que solo el 50 por ciento de los fármacos aprobados a nivel europeo por la EMA son aprobados posteriormente en España. O bien que, tras su aprobación por la EMA, el tiempo medio de financiación y acceso en España supera los 400 días frente a los cerca de 120 días de países como Alemania.
Pero el problema no acaba en (respecto a) Europa. España también tiene un problema en el escalón inferior; a nivel interno: la inequidad en el acceso entre Comunidades Autónomas. Incluso, entre hospitales dentro de ellas. Y, entre medias, el debate sobre cómo pueden (deben) contribuir los modelos de evaluación y financiación de medicamentos en recortar estas brechas en tiempos y formas.
Una demanda que no es nueva y que exige actuar con inmediatez. El reto actual es asegurar un acceso rápido a la innovación en un contexto económico restrictivo. “Hay que acelerar el acceso a la innovación. Los nuevos modelos de evaluación y de financiación de medicamentos deben ayudar a reducir estos retrasos”, ha indicado al respecto Vicente Guillem, director de Relaciones Institucionales de la Fundación ECO, en la jornada ‘El cáncer en España: una urgencia vital” organizada este 18 de enero en el marco del proyecto Cancer NOW impulsado por la Fundación ECO.
En la mesa debate dedicada a esta cuestión, Enrique Aranda, miembro de la Comisión Permanente de Fundación ECO y jefe de servicio de Oncología Médica del Hospital Reina Sofía de Córdoba, ha denunciado el tiempo que transcurre “entre que se publica un Índice de Posicionamiento Terapéutico (IPT) y se le da cumplimiento”. “Si en los Comités de los IPT ya participan las CC. AA.… ¿Por qué deben volver a ser aprobados luego por Comisiones regionales?”, ha cuestionado.
Para José Luis Poveda, jefe de Farmacia del Hospital La Fe (Valencia), es la “crónica de un fracaso”. A su juicio, “si los tiempos en el acceso aumentan, es señal de que los procesos no están siendo efectivos”, por lo que insta a “reflexionar entre todos”. Según ha apostillado Vicente Guillem, “los tiempos de elaboración de IPT no son los 90 días máximo que marca la normativa; son superiores”.
En lo que respecta al acceso a nuevos tratamientos oncológicos, Eduardo Díaz Rubio, presidente de la Real Academia Nacional de Medicina (RANME), recordó que “ya en 2013 la Fundación ECO publicó un documento con una serie de avisos y recomendaciones a tener en cuenta por entonces y que se podrían seguir aplicando en la actualidad”. En definitiva, Diaz Rubio considera que “hay doctrina y se ha discutido lo suficiente; hay que actuar”, en consonancia con el lema de Cancer NOW (#MomentoDeActuar).
Desde la industria farmacéutica se recuerda que “por cada euro destinado a financiar innovación, se ahorran entre 6 y 7 euros al sistema sanitario”, en palabras de Humberto Arnés, director general de su patronal nacional Farmaindustria. Arnés ha reclacado que los retrasos e inequidades en el acceso son un problema “estructural”. “Es necesario mejorar el sistema de evaluación y financiación, y hacerlo más objetivable, transparente y participativo”.
¿Y que opinan los principales perjudicados, directos, de este escenario? “Los pacientes tenemos prisa. No podemos esperar a los actuales procedimientos existentes”, ha denunciado Begoña Barragán, presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC). La representante de los pacientes en esta mesa ha recordado que “no solo han aumentado los plazos de acceso; también las dificultades”. Y ha añadido que cuestiones como la pandemia no pueden servir de excusa: “La inequidad no la ha creado la COVID-19”, ha dicho.
