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Gaceta Médica Madrid | jueves, 24 de julio de 2014 h |

A raíz de la batería de propuestas que se han dado a conocer desde el Ministerio de Hacienda, y que se discutirán en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera con las comunidades autónomas del día 31 de julio, la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) quiere hacer énfasis en los aspectos que más afectan a los pacientes que acuden a los Servicios de Urgencias y Emergencias.

SEMES rechaza frontalmente que se tome en España ningún tipo de medida como el copago por supuesto mal uso, sujeto a múltiples subjetividades, y que va a perjudicar a amplios grupos de población que son frágiles y vulnerables. La evidencia demostrada no avala este tipo de medidas, más bien al contrario.

Un grupo importante de usuarios de los servicios de Urgencias Hospitalarios (SUH) acuden en varias ocasiones al año a estos servicios, y son normalmente personas mayores con varias enfermedades crónicas, con reagudizaciones y con frecuente fragilidad social. Hay una abrumadora evidencia científica de que estos pacientes son buenos usuarios de estos servicios.

Establecer medidas disuasorias perjudicaría precisamente a este tipo de pacientes descritos, y a los menores de edad, que constituyen precisamente otro grupo importante de usuarios de estos Servicios.

La ausencia de soluciones asistenciales racionales adaptadas a la población anciana genera su cuota de demanda en urgencias, nada despreciable. En definitiva vemos como se ha instaurado poco a poco una «red de seguridad asistencial» que soporta estas debilidades. Los Servicios de Urgencias y Emergencias vienen garantizando la atención sanitaria (y en muchos casos social) en todos los tramos horarios, porque su organización en origen se ha ido adaptando a estos cambios sociales.

Hacer juicios a priori de lo que tiene un paciente no es fácil. Está en nuestro oficio dar respuesta proporcionada en la atención, y así se hace, y hay datos que lo demuestran. Repetimos una vez más que “No estamos para juzgar, estamos para atender”.

Para Semes, lo dicho anteriormente no significa hacer una llamada indiscriminada al uso de estos servicios, ni de ninguno. Pero hora es ya que entendamos que un Sistema Sanitario debe estar al servicio de las tendencias sociales, y no al revés. Lo que ocurre en España en los últimos años, es similar a lo que ocurre en otros países.

Es llamativo que se hagan propuestas como esta, a la vez que se realizan cambios legislativos como el Real Decreto de Troncalidad, que va a significar un cambio radical de la formación especializada en España, que no se necesita, sin presupuestar y que va a requerir millones de euros en su aplicación, que habrá que detraer de otras partidas presupuestarias de la Sanidad.

Como médicos y profesionales sanitarios insistimos e insistiremos en las medidas de educación sanitaria, entre otras. No en los castigos por un “supuesto” mal uso, sujeto a múltiples interpretaciones, ajenas a la realidad asistencial.