GM Madrid | viernes, 05 de septiembre de 2014 h |

El secretario de Sanidad y Servicios Sociales del Partido Popular (PP), José Ignacio Echániz, ha defendido que gracias a la reforma sanitaria impulsada por el Gobierno hace ahora dos años la sanidad pública en España es “más sostenible y universal que nunca”, a pesar de que “los amigos del todo gratis han hecho mucho daño” al sistema.El dirigente popular ha celebrado que las medidas puestas en marcha en los dos últimos años han sido “profundamente útiles y eficientes”, y hacen que ahora se pueda pensar “en una sanidad viable, sostenible y de más calidad para los españoles”.

Una de las medidas más criticadas fue el acceso a la atención sanitaria de inmigrantes irregulares pero, según Echániz, España es de los países europeos “más generosos” con este colectivo. En este sentido, ha negado que haya habido problemas de atención o muertes de inmigrantes relacionadas directamente con esta reforma, si bien admite que “la Medicina no es una ciencia 100 por cien exacta puede haber errores”. Asimismo, ha defendido que ahora “por primera vez” todos los españoles pueden tener acceso a la sanidad pública y han conseguido afrontar la deuda que había con los proveedores sanitarios, de modo que las comunidades no se ven “atosigadas” por la deuda sino que la pagan “de forma ordenada”.

A pesar del balance los argumentos siguen sin convencer al PSOE. La secretaria federal de Sanidad del PSOE, María José Sánchez Rubio, ha exigido al Gobierno que lo derogue. Para los socialistas el decreto “acabó” con la universalidad del sistema público sanitario y “pone en riesgo” a más de 800.000 personas sin asistencia sanitaria universal. Sánchez Rubio ha recordado que sólo las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, Andalucía y Asturias, están prestando con carácter universal la atención sanitaria, lo que les supone un importante “sobreesfuerzo” en sus cuentas. Además, Sanchez Rubio ha asegurado que no hay ningún dato que revele que este sistema haya tenido ningún beneficio económico, “principal argumento que utilizó el Gobierno para aprobar dicha normativa”.