Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
Al margen de cualquier criterio político, ideológico o de otro tipo, nadie podrá negar ya a estas alturas que en las dos legislaturas que los socialistas llevan al frente del Gobierno se ha producido una ofensiva laicista cuyo único precedente en la España reciente se remonta a los convulsos años de la Segunda República. Como era lógico, la Sanidad resultaba clave en este pantanoso asunto y no ha permanecido al margen del proceso. El caso Montes, por ejemplo, supuso el estallido inicial que ha desembocado después en la polémica e innecesaria Ley de Muerte Digna. Entre medias, los diferentes ministros con despacho en el Paseo del Prado —Bernat Soria, Trinidad Jiménez y Leire Pajín— han tenido tiempo para aportar su particular granito de arena a los deseos del partido: cuando no era la liberalización irracional de la píldora del día después en las farmacias, era el apoyo furibundo a la nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo que se sacó de la manga Bibiana Aído antes de que fuera degradada, o la estrategia de salud sexual y reproductiva que llegaba a cambiar la denominación a los “bebés” para catalogarlos como “criaturas” o “criaturas RN”, términos más neutros y asexuados, a juicio del Ministerio.
En este proceso, al que algunos han calificado de ingeniería social, y en el que han colaborado de forma obsequiosa comunidades como Andalucía y más de una asociación sanitaria de medio pelo, los profesionales sanitarios le resultaban imprescindibles al Gobierno, y los médicos, con especial intensidad. A pesar de propinarles un tijeretazo brutal a sus nóminas hace poco más de un año, de impulsar de forma descarada su pérdida de poder frente a otros colectivos, recortándoles por ejemplo la autonomía en materia prescriptora, y de propiciar en medio de la vorágine de la crisis económica una generalizada purga de las plantillas, el Ministerio de Sanidad no ha dudado en promover y respaldar al mismo tiempo a afines para los cargos de las entidades que les representan.
La guinda al pastel de este barullo perfectamente diseñado la constituye el nuevo Código Deontológico elaborado por la Organización Médica Colegial (OMC), un texto que ha causado sorpresa en numerosos facultativos y que no hace sino refrendar por la vía médica los dos grandes objetivos laicistas del Ejecutivo en materia sanitaria: las interrupciones voluntarias del embarazo, y la muerte digna. En este último caso, todo sea dicho, la aproximación del borrador presentado en asamblea ha sido mucho más tímida y, si se quiere, razonable. Algunas de las prácticas que se cometieron en un conocido hospital quedarían absolutamente vetadas, lo que no es moco de pavo, ya que debe tenerse en cuenta la opinión del paciente. No ocurre así en la primera de las materias. Véase por ejemplo la cláusula anti Navarra que obliga a los médicos objetores a proporcionar información a la gestante que quiere abortar para darse cuenta del movimiento producido en torno al documento y de quién puede estar detrás.
El análisis del proceso seguido durante los últimos años permite aseverar que Sanidad ha intentado alterar determinadas conductas propias de años pasados e instaurar en las altas esferas de la profesión una deontología médica que casa perfectamente con el socialismo zapateril, no con el socialismo real. Esta revolución desde arriba se topa sin embargo todavía con el rechazo de los facultativos de a pie, que no se identifican con tales ideas ni con las estructuras que dicen representarles.
Qué tapado promovido por Uniteco competirá por el Colegio de Médicos de Madrid con Alarilla, del que no se fía la correduría?
Qué miembro del foro para la profesión médica acudió al socorro de Olmos y montó una reunión con la ministra para darle oxígeno, después de la crisis del Lazareto? ¿Quién es tan tonto como para creer que lo acordado en dicha cita “apuntalará la sanidad”?
Qué laboratorio ha desatado una caza de brujas impulsada por su matriz, que ha llevado a que nadie se fíe de nadie en estos momentos?
Qué patronal saldrá pronto en defensa de la ministra, como pago por los favores prestados?
