Juan Pablo Ramírez Madrid | viernes, 06 de noviembre de 2015 h |

Sostenibilidad. Ha sido la palabra más repetida por los partidos políticos y los principales agentes sanitarios durante esta legislatura, que ya concluye. La disolución del Congreso de los Diputados y el Senado se produjo a finales de octubre y el carpetazo definitivo se llegará con las elecciones generales del 20 de diciembre. Esta coincidencia esconde las profundas diferencias entre el Gobierno de Mariano Rajoy y el resto de las formaciones para hacer del Sistema Nacional de Salud un modelo sostenible.

Con este objetivo, el ministerio de Sanidad lanzó en abril de 2012 el Real Decreto 16/2012, que ha protagonizado los principales enfrentamientos entre los grupos parlamentarios durante este periodo. Un cambio de color político en el Ejecutivo tras los próximos comicios supondría su derogación. Responsables de PSOE, Ciudadanos y Podemos ya han manifestado esta intención en más de una ocasión.

Al amparo de este real decreto y las medidas aprobadas en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero se ha visto una reducción de las principales cifras relacionadas con la sanidad. Los datos ponen de manifiesto, no obstante, los esfuerzos que han realizado la mayoría de las comunidades autónomas para mantener en la medida de lo posible las partidas destinadas a salud. Mientras el gasto total se ha visto reducido en un 13,8 por ciento desde 2011, el último del anterior Gobierno, los presupuestos sanitarios han sufrido un recorte del 5,8 por ciento, según los presupuestos iniciales de las autonomías.

Primeras consecuencias de la crisis

En 2011 y 2012 las regiones alcanzaron sus máximos históricos de gasto total. Sin embargo, la crisis económica comenzó a hacer mella en las partidas destinadas a salud. Esos años, las comunidades debieron dedicar pagos de 16.518 millones de euros y de 33.339 para hacer frente a las liquidaciones del sistema de financiación autonómica, “fruto de unos anticipos que fueron muy superiores a la recaudación final”, como pone de manifiesto el último informe de Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas).

El gasto primario neto se vio reducido y como consecuencia, la sanidad observócomo sus fondos caen un 1,5 por ciento en 2012. Pero el mayor descalabro se produjo en 2013, cuando se el retroceso se situó en el 5,9 por ciento. Si se compara el resultado del último lustro, se aprecia un cambio de tendencia ya en 2015. Las comunidades han dispuesto este año de 54.016 millones de euros, casi 1.000 millones más que el año pasado, un 1,8 por ciento más.

La asignación del Gobierno sufrió también los efectos de la crisis. Si se compara con el último año del Gobierno de Zapatero se observa una reducción del 9,5 por ciento hasta situarse en 2015 en 3.863,3 millones. Los principales recortes se introdujeron en los dos primeros años de legislatura y ya en 2015 la tendencia cambia su curso.

Las mutualidades para la cobertura sanitaria de funcionarios civiles, de la justicia y de la defensa han seguido una evolución similar, dada su importancia en las cuentas públicas. Muface, Mugeju e Isfas suponen en la actualidad casi dos tercios del presupuesto sanitario del Gobierno. En este lustro han caído un 7,5 por ciento y también las principales reducciones se han introducido en los dos primeros años de la legislatura.

Como consecuencia de los recortes en las administraciones y a pesar de los esfuerzos que han realizado las comunidades para priorizar la sanidad, los gastos en salud han perdido peso en el Producto Interior Bruto. La previsión que remitió el Gobierno a la Comisión Europea para 2015 es que se situaría en el 5,7 por ciento, 0,6 puntos menos que en 2011 y 0,8 menos que en 2009, un año después del estallido de la crisis económica.

Continuaciones de las reformas

La llegada de Rajoy tras las elecciones del 20 de noviembre de 2011 supuso la continuación de las reformas emprendidas por el Gobierno de Zapatero. Los dos primeros años de los populares consistieron en una intensificación de las medidas de austeridad.

La agudización de la crisis económica llevó al Ejecutivo socialista a introducir normativas y acuerdos, como el Plan de cción inmediata de 2010, el Plan de austeridad de la Administración General del Estado y el Acuerdo marco sobre sostenibilidad de las finanzas públicas encaminadas a reducir el déficit de las Administraciones y a establecer una estrategia restrictiva en recursos humanos. En marzo se introdujo un plan para racionalizar el gasto farmacéutico en 1.500 millones de euros y dos meses después se aprobó el Real Decreto 8/2010 que fijó una rebaja en el precio de los medicamentos del 7,5 por ciento, además de una reducción de la masa salarial de los trabajadores públicos del cinco por ciento. Fruto de estas reformas, los fondos sanitarios cayeron un 1,4 por ciento durante los dos últimos años de Zapatero, según la Estadística del gasto sanitario público de 2013, que publica el ministerio de Sanidad.

En los dos primeros años de Rajoy al frente del país los recortes ascendieron al 4,8 por ciento. Este retroceso es consecuencia de las iniciativas destinadas a contener el gasto de personal, como la congelación de las retribuciones, el establecimiento de la tasa de reposición en el 10 por ciento y las restricciones a la contratación de personal. Pero la medida que más polémica generó fue el Real Decreto 16/2012, sobre el que ha girado gran parte del debate sanitario durante los últimos cuatro años. Las discrepancias dieron lugar a que no se llevaran a cabo algunas de las medidas incluidas, como el copago para el transporte sanitario no urgente, los copagos para medicamentos en hospitales o la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular. Precisamente, la renuncia a estas dos últimas iniciativas se produjo tras la llegada de Alfonso Alonso al ministerio de Sanidad en sustitución de Ana Mato. El copago hospitalario solo se llegó a aplicar en los centros del Ingesa en Ceuta y Melilla y la asistencia a los sin papeles ha regresado a atención primaria. Hasta entonces, se había llevado a cabo desde urgencias.

Ya en el bienio 2010-2011, las retribuciones del personal sanitario decayeron un 2,8 por ciento, la inversión en farmacia un ocho por ciento y los gastos de capital registraron un descenso del 38,4 por ciento. En los dos años posteriores estas partidas retrocedieron 8,4, un 15,6 y un 43,5 por ciento, respectivamente. Se ha percibido también esta merma en la colaboración público-privada. El coste de los conciertos descendieron un 6,6 por ciento entre 2013 y 2009.

Los recortes han llegado al paciente. En el último lustro sólo tres comunidades han conseguido incrementar el gasto por ciudadano. Cantabria, Canarias y Baleares han registrado desde 2011 crecimientos del 8,7, el 3,7 y el 2,5 por ciento. El resto han registrado descensos. Los más abultados se han producido en Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Aragón, con reducciones del 19,6, el 13,5, el 12 y el 11,8 por ciento.

Enfrentamiento político

Las diferencias entre los principales grupos políticos se pusieron de manifiesto en las sesiones de la Subcomisión del Pacto. PSOE e Izquierda Unida se desmarcaron desde el principio y poco a poco lo fueron haciendo el resto de los grupos parlamentarios, especialmente a causa de la implementación del Real Decreto 16/2012.

A falta de acuerdos políticos, parecía que el entendimiento sí iba a resultar posible con los profesionales sanitarios. A finales de julio de 2013, el ministerio, liderado entonces por Mato, alcanzó un pacto con médicos, enfermeros y farmacéuticos. La rúbrica se llevó a cabo en el Palacio de la Moncloa, con el presidente Mariano Rajoy, como testigo de excepción. El optimismo inicial se fue diluyendo de manera paulatina al tiempo que los acuerdos no terminaban de materializarse. Poco antes de la dimisión de Mato por el caso Gurtel, tanto médicos como enfermeros se encontraban a un paso de romper el acuerdo.

La llegada de Alonso sirvió para recuperar el optimismo inicial. Pero la tensión con los profesionales no ha cesado. Primero el Foro de la Profesión Médica rompió relaciones con el Gobierno por el borrador del real decreto de gestión clínica. Los cambios introducidos al rspecto en relación a los incentivos y al liderazgo de las áreas de gestión han servido para calmar los ánimos.

Con los enfermeros la recuperación de las relaciones parece más complicada. El real decreto de prescripción no gustó al colectivo, que entiende que ha perdido competencias con la nueva norma. Los enfermeros se preparan para emprender medidas judiciales y movilizaciones contra el nuevo texto que impide el uso de medicamentos sin el diagnóstico, prescripción e indicación de protocolo por parte de un médico.

Con las comunidades autónomas se han producido también acuerdos en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns). Entre ellos, el calendario común de vacunación o el Plan estratégico nacional contra la hepatitis C. La elaboración del documento para la lucha contra esta enfermedad fue una de las primera medidas de Alonso al frente del ministerio. El principal problema ahora es determinar la financiación de los tratamientos, cuestión que desconocen los gobiernos regionales después de siete meses de funcionamiento.

8,4%
de reducción

en las retribuciones de los profesionales en 2012 y 2013. Este decrecimiento es consecuencia de las reducciones salariales y de la restricción en la oferta pública de empleo.

15,6%
Menos

en gasto farmacéutico durante los dos primeros años del Gobierno de Mariano Rajoy como consecuencia de las medidas de racionalización de 2010 y 2012.