Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
El Ministerio de Sanidad sigue dando tumbos en materia de recursos humanos. Seis años después de irrumpir en España la esperanzadora Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), el departamento de Trinidad Jiménez se ha animado por fin a actuar, pero con un desarrollo normativo tan sui géneris y peculiar como erróneo en sus planteamientos. De seguir el rumbo marcado con tan sorprendente poco tino por parte de Alfonso Moreno desde el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, y por Verónica Casado desde el propio ministerio, la hasta ahora ejemplar formación de los residentes en nuestro país sufrirá un revés histórico. Un golpe en su línea de flotación que mejora en poco, por no decir en nada, lo que ya había. Y es que, la flexibilidad por la que apostaba la LOPS puede devenir en un encorsetamiento troncal que cause, a su vez, un serio deterioro de la calidad de la asistencia a los pacientes, como sostienen varias sociedades científicas y numerosos expertos, y reconocen en privado los gestores.
Incomprensible, por ejemplo, es el nuevo esquema de troncalidad que han pergeñado Moreno y Casado, y que parece que asume Sanidad, a tenor de las diapositivas proyectadas por altos cargos como Alberto Infante en la última Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud. Incomprensible porque especialidades que hace apenas dos meses iban a pertenecer a un tronco, dejan ahora de hacerlo por las protestas de los afectados. Incomprensible porque especialidades incluidas en un tronco podrían perfectamente formar parte de otro o compartir varios sin que nadie explique las causas exactas de su encasillamiento en un lugar u otro. Incomprensible porque la reforma acorta el tiempo real de formación de algunas especialidades, ampliando las parcelas generales y reduciendo las específicas, justo las que propician la excelencia en la práctica clínica. Los futuros especialistas tendrán que aprender así, en un máximo de tres años, lo que antes conocían en cinco. Incomprensible, porque no se sabe nada de las demandadas áreas de capacitación y de las superespecialidades. E incomprensible, en definitiva, porque no caben más cribas absurdas para los futuros médicos en España: la nueva prueba al final de los dos años de la especialización común es una piedra adicional que se interpone en su camino. Un camino mucho más difícil que el que tienen que superar, por ejemplo, los facultativos extranjeros, merced a la manga ancha del Gobierno. No es de extrañar por ello la protesta de los estudiantes, hartos del continuo via crucis que les ha creado la Administración pública para ejercer su profesión.
La reforma, en fin, impulsa los llamados especialistas “cubre huecos”. Al calor de la futura legislación, a los gerentes ávidos de cubrir vacíos en sus respectivos hospitales les será más fácil desplazar de área o servicio a especialistas, “empujándoles” por la fuerza de los hechos o de la razón de Estado a formarse en otra especialidad de mayor demanda asistencial y menor oferta. Una solución cortoplacista que esconde la falta absoluta de planificación por parte del Ministerio de Sanidad y Política Social en materia de recursos humanos desde hace muchos años. Mientras en Francia existe un órgano evaluador de las necesidades futuras de personal, en nuestro país no hay nada similar, ni tiene visos de existir. El ministerio, ya era hora, ha dado el paso de desarrollar la ley tras seis años de inactividad absoluta. Sin embargo, lo que no puede hacer ahora es caer en la precipitación aprobando una norma chapucera que carece de todo argumento lógico que lo fundamente, por más que ahora guarden silencio sociedades científicas que hace sólo dos meses amenazaban con paralizar los tutelajes y las acciones formativas de los residentes.
