“Ha llegado la hora de que el Gobierno de España cambie de rumbo”. Con esta frase, la relatora especial de Naciones Unidas sobre extrema pobreza y derechos humanos, Magdalena Sepúlveda, ha exigido al gobierno español un viraje en su política sanitaria que garantice un auténtico compromiso con la protección de los derechos humanos, preservando el acceso universal a la salud dañado por la reforma sanitaria de la ministra Ana Mato.
En noviembre de 2013 Sepúlveda remitió una carta a las autoridades españolas en la que, junto a otros expertos en derechos humanos de la organización, advertía de que los cambios adoptados por el gobierno en 2012 reducían el acceso al sistema de salud pública, incumpliendo las obligaciones de derechos humanos del país.
Respuesta insuficiente
La respuesta recibida por parte ministerio no convence a la experta chilena, que asegura que el gobierno argumenta que el Real Decreto 16/2012 no es discriminatorio, porque trata la legalidad de residencia en el país y no el origen nacional. Sin embargo, Sepúlveda subraya que este argumento refleja una percepción errónea del principio de no discriminación. En su opinión, “el Gobierno de España debe demostrar un auténtico compromiso con la protección del derecho a la salud para todos”.
La experta insiste en que la valoración de los órganos de expertos internacionales es unánime y no debe ser ignorada. En este sentido, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas cita como ejemplo las advertencias del Comité Europeo de Derechos Sociales, que en enero de 2014 expresó que la decisión del gobierno de restringir el acceso a la atención médica gratuita para los inmigrantes indocumentados no cumple con la legislación europea de derechos humanos. Una línea similar a las recomendaciones formuladas en 2012 por el Comité de Derechos Económicos y Sociales de la ONU.
Presiones fiscales
Sepúlveda recalca que nuestro país “tiene obligaciones positivas en materia de acceso a la atención sanitaria, incluidas obligaciones para con los migrantes, independientemente de su situación jurídica” y añade que los principios básicos de los derechos humanos no pueden ser ignorados a causa de las presiones fiscales.
Asimismo, considera que la falta de acceso de este colectivo a la atención primaria no sólo es cuestionable desde la perspectiva de los derechos humanos, sino también poco efectiva para reducir costes, según sus palabras. “Sin acceso a la atención primaria, se sobrecargan los servicios de emergencia, aún más costosos, y se pone en riesgo la salud pública”, anuncia. Además, incide en que no sólo son vulnerados los derechos humanos, sino que, aunque no se haya detectado aún un impacto más amplio sobre la salud, el riesgo sigue aumentando.
La relatora aplaude que, en la práctica, autoridades locales y profesionales de la salud sigan prestando atención sanitaria en muchos casos.
