| viernes, 11 de diciembre de 2009 h |

Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’

La propuesta de Pacto por la Sanidad que ha pergeñado el Ministerio después de meses de trabajo no puede ser más mala, pero si hay una parte que se lleva la palma en lo que se refiere a generalidades y proclamas etéreas, ésa es la de los recursos humanos. Puede afirmarse sin rubor que este apartado del texto constituye una perfecta traslación de la política que viene practicando la dirección general del área, paralizada desde hace años por una suerte de indolencia administrativa por lo que se ve incurable y de un complejo injustificado ante la actuación autonómica. Como era de esperar, el epígrafe dedicado al personal sanitario empieza con la manida frase de que “los recursos humanos son uno de los pilares básicos del Sistema Nacional de Salud (SNS)”. La experiencia nos indica que cada vez que cualquier autoridad formula un enunciado tan bello, detrás viene la nada, como así ocurre en el texto. Porque prometer la adopción de medidas que permitan asegurar un número suficiente de profesionales en el mediano y largo plazo sin enunciar cuáles son tiene el mismo efecto que escuchar el canto de una sirena u organizar un concierto en pleno desierto. ¿Quién ha sido el funcionario que se ha encargado de la redacción del capítulo?

El rizo llega en el punto relativo a la planificación. El punto 1.2 se propone “establecer las herramientas necesarias para la planificación del SNS, entre las que son prioritarias el desarrollo del registro de profesionales sanitarios”. Como ya Elena Salgado prometió dicho registro durante su etapa como ministra de Sanidad, firmando incluso un convenio al respecto con la Organización Médica Colegial (OMC) de Isacio Siguero y Juan José Rodríguez Sendín, sólo caben dos conclusiones: la primera es que los redactores del pacto desconocen la historia y por tanto, han repetido inconscientemente en el documento algo que ya ha cuajado. La segunda es que lo que anunció la hoy ministra de Economía no llegó nunca a buen puerto y el convenio no valió para nada, lo que parece más probable y, a la vez más grave, pues evidencia de nuevo la desidia de todo un ministerio a la hora de ejecutar los planes genéricos que lanza de cara a la galería. Sea como fuere, lo cierto es que a estas alturas de la película, Sanidad desconoce el número de trabajadores por comunidades y especialidades que prestan servicio en cualquier parte de España. ¿Qué planificación puede hacerse si ni siquiera se tienen tales datos? ¿Para qué sirven la Dirección General de Recursos Humanos del ministerio y las áreas que éste tiene encomendadas a la planificación?

El texto, en fin, enuncia la intención de “definir los perfiles competenciales de las distintas profesiones sanitarias”, una buena idea de difícil plasmación práctica, pues requerirá poner de acuerdo a González Jurado con Rodríguez Sendín, lo que no parece muy factible tras la segunda guerra de la prescripción enfermera. En el apartado de estrategias para el establecimiento de políticas retributivas comunes en el SNS salta, además, la sorpresa, pues en él se considera conveniente “establecer mecanismos que permitan limitar la actual espiral inflacionista, para lo que se podrían fijar bandas retributivas comunes para conceptos retributivos iguales existentes en todas las autonomías”. Se trata de un desiderátum de imposible cumplimiento: ¿aceptarán los médicos navarros, por poner un ejemplo, bajarse el salario hasta el nivel de los extremeños? ¿Tiene presupuesto Fernando Lamata para incrementar las nóminas de sus facultativos con el fin de equipararlas a las de sus colegas vascos?

Como se ve, detrás de todo este andamiaje de cartón piedra sobre el que pivota el cacareado Pacto de la Sanidad no hay nada. Aunque el documento cuaje —cosa poco probable al olvidar el grave problema de la sostenibilidad—, sus proclamas son tan etéreas que carecerán de efectos prácticos. El destino del SNS es disgregarse.