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La semana del 21 de enero arranca con un nuevo modelo de receta privada en las consultas de los facultativos, presentado recientemente en la sede de la Organización Médica Colegial (ver GM, nº 450), y también con la polémica sobre este nuevo coste para los médicos de ejercicio privado en un contexto como el actual.
En los últimos días, los colegios provinciales han recibido las solicitudes de los facultativos. Málaga, por ejemplo, emitió más de 100.000 recetas privadas en menos de 48 horas, mientras el de Zaragoza ha gestionado alrededor de 50.000, por citar solo algunos ejemplos. El coste del nuevo formato, insiste Pedro Hidalgo, coordinador del Observatorio de la Prescripción de la OMC, es de menos de un céntimo por receta. El precio aproximado de obtener, a través de la plataforma de validación gestionada por la organización colegial, aunque insiste en que todo dependerá de las economías de escala, el código de verificación electrónica, un código de barras que permite identificar al prescriptor, su especialidad y el colegio al que está adscrito, y que garantiza la trazabilidad del medicamento prescrito y su dispensación en la farmacia.
Colegios como el de Sevilla han informado ya de los precios de los talonarios impresos. Cobrarán a los facultativos seis euros por un talonario de 100 recetas a color, cinco si la impresión se realiza en blanco y negro. Mientras otros como el de Badajoz, presidido por el propio Hidalgo, ha emitido el grueso de las recetas solicitadas en formato pdf o xml, lo que permite al facultativo imprimirlas como hasta ahora, haciendo uso de sus propios recursos y con el coste exclusivo del código de barras.
Hidalgo insiste en que el valor del modelo es muy superior a su coste, aludiendo a la fiabilidad, trazabilidad y seguridad que aporta el formato. De este modo, el precio de los talonarios cubriría los costes de impresión y distribución y quienes opten por imprimir sus propias recetas como hasta ahora podrían hacer uso de los formatos digitales.
Además, subraya que la ley designa a las organizaciones colegiales como responsables de la edición, gestión, control, inspección, distribución y entrega de estos talonarios.
Mientras la Federación Nacional de Clínicas Privadas prefiere no pronunciarse sobre el asunto, desde el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) su secretario general, Juan Abarca, aplaude la regulación del acto de la prescripción: “cualquier médico con un papel podía hacer una receta”, critica. Sobre el coste, Abarca solo se pronuncia como médico y director general del Grupo Hospital de Madrid, cuya intención es seguir emitiendo las recetas para los profesionales que trabajan en su hospital. “La crisis es para todos y la prescripción tiene que estar regulada y controlada, pero no puede ser que tengas que pagar para poder ejercer tu profesión, que incluye la prescripción”, subraya como médico.
