Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
Aunque el Ministerio de Sanidad trató de incluir en el pacto por la sostenibilidad medidas de contención del gasto en personal que contribuyeran a oxigenar, junto con la farmacia, las depauperadas arcas públicas, el intento se ha quedado al final prácticamente en nada. Más allá de declaraciones grandilocuentes y sonoras sobre el capítulo I, responsable de entre un 40 y un 50 por ciento del presupuesto global de las consejerías de Salud, el acuerdo recoge en realidad decisiones tibias en este terreno. Tan tibias y etéreas, que lo máximo que hacen es avalar las iniciativas que en este sentido están adoptando de forma unilateral y con alto coste algunos territorios, sin ir más allá. Era previsible. El calendario electoral marca los tiempos políticos, y en año de elecciones autonómicas y municipales las congelaciones de salarios y de sustitución de vacantes pueden constituir para algunos consejeros de Salud y sus presidentes de comunidad un suicidio en toda regla. Lo ha hecho el Gobierno Foral de Navarra y a la vista de todos está lo que les ha ocurrido a Miguel Sanz y a María Kutz en su territorio. Juan José Güemes también puede atestiguar, ya desde la lejanía del cargo, cómo se las gastan la oposición y los sindicatos cuando estos recortes saltan del terreno teórico al práctico.
Así pues, el optimismo antropológico del Ministerio de Sanidad tiene pocos visos de prosperar en este campo hasta que no exista un nuevo pacto más realista y duro contra la crisis que azota el sector, o hasta que concluya el periodo electoral, lo que es difícil si se tiene en cuenta que después de los comicios locales llegarán unas generales marcadas por la peor crisis económica que ha sacudido España en 50 años. En este sentido, las iniciativas recogidas en el acuerdo vigente no son más que entelequias, un brindis al sol de bonito titular periodístico pero nulas consecuencias prácticas. La experiencia, lo refrenda. Aboga por ejemplo el ministerio por fijar “criterios comunes para las retribuciones” del personal sanitario en toda España, y las consejerías de Salud, que no son tontas, saben que eso se traduce siempre en equiparaciones por arriba, no para abajo, lo que equivale a hablar de más gasto. Ni siquiera UGT y CC.OO., siempre solícitos con el Gobierno, serían capaces de refrendar una homologación por la base, pues ya se sabe que eso siempre acrecienta el malestar de los afiliados.
El desiderátum que recoge el pacto en materia de personal vuelve a incidir además en la necesidad de elaborar un registro de profesionales sanitarios. Otro brindis al sol que ejemplifica a la perfección el estado en el que se hallan los sistemas de información y y lo poco que se ha hecho en materia de personal en España: lo prometió Salgado, pasó Soria y hoy Trinidad Jiménez lo configura de nuevo como reto. ¿Cómo es posible que los servicios regionales de salud no sepan a estas alturas ni el número ni las características de los profesionales que se encuentran a su cargo? Se trata de una de esas vergüenzas que desnudan la realidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).
En el terreno del personal hay sin embargo un punto del pacto que resulta especialmente llamativo, por partir de un Gobierno socialista. Se trata de la propuesta de desarrollar “mecanismos comunes para aumentar la participación de los profesionales en la gestión y en la dirección de los servicios de salud y en la asignación de los recursos”. Traducido al cristiano, esto equivale a decir que médicos y demás profesionales han de ampliar su abanico de tareas para ocuparse no sólo del plano clínico, sino también de la administración de los recursos. Hace años, al hoy presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, casi le lapidan en público por predicar la autogestión en primaria desde el Insalud. Trece años después, la férrea oposición sindical y política llevó a Güemes a aparcar este proyecto en el primer nivel asistencial de Madrid, pese a estar plenamente instalado y ensayado en Cataluña y a que otros feudos socialistas se han animado a explorarlo, como Aragón. Las restricciones presupuestarias y las experiencias nacionales e internacionales demuestran que, al final, todos los caminos conducen a Roma, por lo que nadie descarte que, al final, en breves años, los partidos aparten este modelo del absurdo debate ideológico y alcancen un acuerdo de calado para implantarlo en todo el SNS.