Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’ De ocho años a esta parte, los médicos españoles han sufrido todo tipo de tropelías por parte de las diferentes administraciones públicas que les han tocado en suerte. La última injerencia -posiblemente la más grave de todas- en el trabajo que vienen realizando honestamente en los centros sanitarios es el establecimiento de la llamada prescripción por principio activo, una fórmula exportada por Andalucía a todo el territorio español, ante la que tuvo que capitular el Ministerio de Sanidad para evitar un cisma interno de partido que dañara aún más su pésima imagen. La prescripción por principio activo viene a significar que a partir de ahora los facultativos serán objeto de acoso permanente por parte de los burócratas de las consejerías cuando quieran darle al paciente un medicamento innovador y prefieran éste a un genérico cuya bioequivalencia exacta siempre ha estado bajo sospecha. Explicado de otra forma, ocurrirá lo siguiente: a los médicos les estará vetado en la práctica, mediante toda suerte de trabas y amenazas soterradas recetar productos que el propio Gobierno ha decidido autorizar, y a los que él mismo les ha fijado el precio a través de sus autoridades farmacéuticas. ¿Cabe un mayor contrasentido? Para más inri, y en medio de una desprotección casi absoluta por parte de sus representantes, en algunas comunidades los médicos serán sancionados duramente si, en lugar de a las órdenes dictadas por los burócratas, atienden a las necesidades derivadas de su praxis, y consignan el medicamento innovador en los documentos oficiales de receta. La información que llega es aún sesgada. Muchas autonomías no tienen criterio sancionador, porque ni siquiera cuenta con él el Ministerio de Pajín, que a la postre fue el que dictó la norma empujado por la consejera María Jesús Montero. Sea como fuere, lo cierto es que Navarra se ha planteado seriamente la posibilidad de expedientar a los médicos que no prescriban por principio activo, mientras que Castilla y León parecía apostar hace semanas por una línea dura que espantaba a los laboratorios que operan en el entorno de la Consejería. ¿Hay derecho a esto? No. Si el Gobierno no quiere que se prescriban determinados fármacos, que no los autorice, pues goza de facultades suficientes para ello. Afortunadamente, los médicos no están solos en su lucha por la defensa del último reducto profesional del que gozaban hasta ahora: la autonomía a la hora de prescribir. Muy activa ha sido la Federación de Asociaciones Científico-Médicas de España (Facme) en sus críticas a las autoridades, como también lo han sido la Semergen de Julio Zarco, algunos colegios profesionales aislados -muy pocos- y las sociedades de psiquiatría. Sin embargo, parece poca la ayuda, y se echa en falta una salida en tromba de todo tipo de corporaciones profesionales en contra de una norma que convierte al médico de familia en un mero dispensador de lo que le diga la Administración. Como el horno no está para bollos, el enfado de los laboratorios innovadores también es mayúsculo. Varios plantean por un lado reducir a la mínima expresión sus divisiones de atención primaria, mientras que otros, bastantes, contemplan la posibilidad de cortar de raíz la financiación a todas las corporaciones médicas que le siguen el juego a la Administración, dejando de lado a los profesionales a los que representan. Alguna compañía ha pedido incluso a Farmaindustria que lidere un movimiento desinversor en todas aquellas sociedades u organizaciones médicas hostiles con las marcas. | viernes, 04 de noviembre de 2011 h |

Qué dos sociedades científicas y una corporación pueden ser repudiadas por dos grandes laboratorios, ante su indefinición en la defensa de las marcas?

Qué intermediario ha sugerido ya a Semfyc que va a perder muchas ayudas en el patrocinio de congresos, ante su extraña postura en la guerra de la prescripción por principio activo?

Con qué sociedades ha contactado Semfyc para elaborar un documento de consenso en “isoapariencia”? ¿Cuántas han rechazado sumarse al mismo? ¿Por qué insiste esta sociedad en su actitud hostil hacia los laboratorios innovadores?

Por qué le dan ahora a Ana Pastor, y no hace tres años, en los momentos más duros del PP, collares, colegiaciones honoríficas y demás premios? ¿Por qué se apuntan ahora todos al carro del vencedor sin ningún tipo de pudor?