carlos b. rodríguez Madrid | viernes, 18 de septiembre de 2015 h |

“En Cataluña hay un consenso absoluto en cómo hacer las cosas”. Toni Gilabert descarta así cambios bruscos en la política catalana del medicamento ante un posible cambio de Gobierno.

Pregunta. ¿Qué balance hace de la gestión farmacéutica del CatSalut?

Respuesta. Muy positivo. Ya que el medicamento se utiliza en todos los niveles asistenciales, una de las decisiones que tomamos hace cuatro años fue transversalizar la farmacia y el medicamento en el marco del Plan de Salud de Cataluña. En un momento de crisis y falta de recursos, hemos sido capaces de abordar y tratar a pacientes de patologías realmente importantes, como el cáncer y la hepatitis C.

P. ¿Qué conclusiones ha dejado el Programa de Armonización de 2014?

R. Nos ha permitido generar equidad de acceso y consenso clínico a la hora de tomar decisiones de incorporación de los nuevos medicamentos. Tiene cuatro líneas: fármacos huérfanos, hospitalarios, de AP y recientemente usos fuera de indicación. Hay más de 100 profesionales clínicos sanitarios implicados y se han publicado más de 150 recomendaciones, lo que ha generado un registro de tratamientos que nos permite hacer el seguimiento de los resultados en salud.

P. ¿ Y en cuestiones de financiación?

R. Hemos firmado 17 esquemas, que representan 10 fármacos en las áreas de Oncología, Reumatología y Hematología. En ellos están implicados 28 de los 50 centros hospitalarios y nueve laboratorios.

P. ¿Dejan algún otro en cartera?

R. Tenemos varios, la mayor parte en Oncología, pero lo que sí tenemos como gran proyecto para 2016 es que estos acuerdos no afecten al 50 por ciento de hospitales, como ahora, sino a todos.

P. ¿Qué balance han dejado las primeras tarifas farmacológicas?

R. Cualitativamente ha sido una gran política porque toca un tema cultural: poner el incentivo, no en la compra de cajas sino en la de resultados. Las tarifas nos han permitido que los agentes se alineen para dar el mejor tratamiento.

P. ¿Y cuantitativamente?

R. Desde ese punto de vista ha sido positivo discretamente, entre otras cosas porque afectó a medio año y porque el objetivo no era económico, sino clínico. El beneficio económico ha sido discreto porque hemos tratado a más pacientes gracias a una tarifa cuyos costes son un poco inferiores a los del año pasado.

P. ¿En qué punto están las tarifas por proceso y cuándo se aplicarán?

R. Siempre cerramos las tarifas entre principios y mediados de año. Hemos tenido reuniones internas y con Farmaindustria y trabajamos con el objetivo de aplicarlas en 2016. No queremos que esto se viva mal, sino como algo bueno para todos. Se trata de poner al paciente en el centro, por lo que todos tenemos que velar por el proceso.

P. ¿Puede un cambio de Gobierno dar al traste con el objetivo?

R. Las elecciones no deberían influir. Esta política del medicamento que seguimos en Cataluña, enmarcada en el Plan de Salud, no es una política que pueda dar bandazos en función del color político. Hay un consenso absoluto.

P. ¿Se ha planteado Cataluña adherirse al mecanismo voluntario de control del gasto farmacéutico o recurrirlo, como ha hecho Andalucía?

R. No puedo responder a eso porque es un tema que lleva Economía. Pero sí que hay que replantear estas medidas recentralizadoras sobre aspectos que probablemente son competencias de los territorios. Todos queremos que esto se financie adecuadamente.

P. ¿Qué lección deja esta legislatura en la relación entre administraciones?

R. Aprendería a hacer las cosas con un modelo mucho más colaborativo. El SNS no es un tema del ministerio de Sanidad o de Hacienda, sino de todo el país y es en el CISNS donde se deben decidir las cosas. Cada inclusión en la cartera debe ir acompañada de los recursos necesarios.A mi entender la sanidad tiene un déficit de financiación. El Estado debería ser sensible a esto. Todo lo que se hace en el ámbito de la gestión sanitaria en los territorios es para mejorar la salud de los ciudadanos. No tendría sentido poner cortapisas a esta gestión. Un decreto de Precio y Financiación, por ejemplo, no debe poner prohibiciones a la gestión.