Presupuestos/ Baleares suspende el pago del complemento de productividad variable
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redacción/ep
Madrid
Aunque las Administraciones autonómicas insisten en asegurar que los ajustes presupuestarios no afectarán a la sanidad, los temores a que los recortes de Cataluña se extiendan a otras regiones no se disipan entre los profesionales.
Así, el sindicato CSI-CSIF de Castilla-La Mancha ha pedido al consejero del ramo, José Ignacio Echániz, que aclare cómo va a afectar a los trabajadores sanitarios el recorte de 111 millones de euros en gastos de personal estatutario del servicio regional de salud (Sescam) ya que la presidenta de la comunidad, María Dolores de Cospedal, ha afirmado que no tocará sus salarios.
Además, le han recordado su obligación de negociar con las organizaciones sindicales los asuntos laborales y las reformas anunciadas en atención primaria y especializada y le han exigido que concrete las consecuencias sobre las prestaciones del ahorro de 400 millones de euros en racionalización de las instalaciones sanitarias. También la rama autonómica de UGT desconfía de lo que denomina “cuadratura del círculo” cuando se habla de “crear” puestos de trabajo y se toman medidas para “destruirlos”.
Sin embargo, lo que en Castilla-La Mancha es, por ahora, una incertidumbre, se ha convertido en una realidad en Baleares, donde el Gobierno ha aprobado la suspensión del complemento de productividad y de horas de fuera de jornada a los funcionarios y laborales, un recorte a la productividad variable que, según el sindicato autonómico de médicos Simebal, probablemente también afecte a las guardias. Por ello, esta central está preparando un recurso para elevarlo a los tribunales de lo contencioso-administrativo al considerar que estas medidas pueden ser “ilegales” ya que dejan sin efecto acuerdos sindicales de forma unilateral
Por su parte, tanto Castilla y León como Navarra han reafirmado su compromiso de no reducir en exceso las partidas sanitarias “modulando” el ritmo de las inversiones —en el caso de la primera— y rebajando al máximo los gastos ordinarios de funcionamiento de la Administración —en el de la segunda—.
El consejero de Sanidad castellano leonés, Antonio María Sáez Aguado, tendrá que dar respuesta, eso sí, a la reclamación del sindicato médico CESM, que le ha pedido que cumpla lo pactado con su predecesor y modifique el decreto de jornada laboral minorando ésta en las mismas horas de libranza de la guardia, un acuerdo sobre el que la Administración no les ha presentado ningún documento aún.
En cuanto al Gobierno de Navarra, que ha presentado un plan de ajuste de 190,6 millones de euros con el fin de alcanzar el objetivo de déficit del 1,3 por ciento del PIB fijado para este año, éste afectará a 1.334 partidas que o se reducen en 2011 o se aplazan para su ejecución en 2012.
Según la presidenta autonómica, Yolanda Barcina, Salud es uno de los departamentos menos afectados —sólo el 3,6 por ciento— sin tocar el capítulo de personal para “garantizar las prestaciones sociales y el servicio público”.
Tampoco ha sido bien recibida por los sindicatos la propuesta del Servicio Canario de Salud (SCS) de suspender la actividad quirúrgica del turno de tarde en los hospitales hasta finales de año para “optimizar” los recursos pues creen que el objetivo es recortar en horas extras, en salarios y en personal a costa de la calidad en la atención al paciente.
