CC.AA./ Los consejeros plantean, sin concretar, la necesidad de ganar en eficiencia
br
La creación de centrales de compras para ahorrar, una de las medidas en común
Los datos sobre el déficit de la sanidad justifican la ausencia de grandes proyectos
M.R./E.M.C./E.P.
Madrid
La puesta de largo de los consejeros de Sanidad en los parlamentos regionales, donde buena parte de ellos han esbozado las líneas estratégicas que seguirán al frente de sus departamentos en los próximos años, tiene varios puntos en común. El principal, el repaso por unas cuentas públicas maltrechas en la antesala de los presupuestos de 2012 para justificar unas estrategias que buscan, al menos en la teoría, mejorar la eficiencia y reducir la factura farmacéutica, sobre la base del consenso con los profesionales pero con grandes silencios en materia de recursos humanos.
Las comparecencias de los consejeros de Castilla-La Mancha, Asturias y Canarias en los últimos días siguen la tónica general que adelantaron ya los titulares de Cantabria o Comunidad Valenciana, entre otros (ver GM nº389).
En Canarias, la consejera de Sanidad, Brígida Mendoza, se aferra al socorrido pacto. Se ha propuesto desempolvar las propuestas de un acuerdo que los agentes sociales firmaron, con escasa repercusión, en mayo de 2006, en línea con la intención de su homóloga cántabra.
En la presentación del Programa de actuación de 2011-2015, condicionado, según reconoce, por la evolución de la economía y el presupuesto, la consejera canaria ha planteado la mejora de los recursos humanos y de la gestión para agilizar las consultas de primaria, la elaboración de un plan de urgencias que refuerce la coordinación en los traslados, y la implantación del modelo de receta electrónica y otras iniciativas como la compra centralizada para lograr una prestación farmacéutica “más accesible y eficiente”.
El consejero de Sanidad asturiano, José María Navia-Osorio, también contempla la compra centralizada en uno de los tres planes de choque que presentó la semana pasada ante la Comisión de Sanidad de la Junta General del Principado de Asturias. Los otros dos se encaminarán a la reducción de listas de espera y al control de las cuentas del sistema de salud. Además, entre otros puntos, la libre elección de centro será una realidad en Asturias.
Navia-Osorio calcula un déficit a cierre de este ejercicio de 317 millones de euros, de los que 215 millones corresponden al desfase en las cuentas del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias, que costará, según el consejero, “cinco veces más de lo que se dice”. El titular se dará “por contento”, asegura, si paga en diciembre las nóminas, a las farmacias y a los hospitales concertados.
En Castilla-La Mancha, el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José Ignacio Echániz, también ha esbozado ante el parlamento regional su intención de instaurar la libre elección de centro y médico en la comunidad autónoma, cumpliendo con la promesa de la presidenta, María Dolores de Cospedal. Pero este punto, que Echániz integra en el diseño de un espacio sociosanitario, sigue empañado por el estado de las cuentas públicas.
El consejero castellano-manchego destaca la deuda acumulada de 1.200 millones de euros de la consejería, y asegura que heredó del anterior gobierno un total de 158.000 facturas sin pagar, por valor de 1.092 millones. Con apenas el tres por ciento del presupuesto de Sanidad sin ejecutar para lo que queda de ejercicio, Echániz asegura que su intención es pagar las facturas pendientes y, a partir de ahí, empezar a hacer una gestión “responsable y razonable”. Asimismo, contempla la reforma de la atención primaria y la búsqueda de nuevos modelos más eficientes basados en la colaboración público-privada.
Por su parte, CESM-Cantabria aguarda la llamada de la consejería para acercar posturas, más aún tras la posibilidad de ampliar al horario de tarde las intervenciones quirúrgicas. Mientras llega la negociación, lo que sí empieza a ser una realidad en Cantabria es el sistema centralizado de compras que afectará tanto al Servicio Cántabro de Salud como al Instituto Cántabro de Servicios Sociales, que unifica la información y los criterios de los centros de ambos.
En la misma línea, el sindicato médico de Baleares (Simebal) ha solicitado un encuentro con el presidente de la comunidad, José Ramón Bauza, para que les explique el alcance de las medidas concretas con las prevé reordenar el sector público supuestamente con la intención de “mantener o mejorar el nivel de prestaciones”. Los primeros anuncios ya hablan de recortes y plantean eliminar todos los liberados sindicales institucionales, 89 en toda la comunidad.
En Cataluña, donde las líneas estratégicas del actual gobierno han dejado de ser una teoría y forman parte ya de un ajuste presupuestario sin precedentes, con ejemplos como el ERE que afectará finalmente a 1.500 profesionales del Hospital San Pau, más allá de los 900 previstos, Metges de Cataluña confirma que los médicos han recibido órdenes de avanzar altas hospitalarias y restringir pruebas costosas para certificar diagnósticos dudosos. En cualquier caso, los facultativos, asegura Antoni Gallego, secretario general del sindicato, “no pondrán en riesgo la salud a ningún paciente para ahorrarse una prueba”.
