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El compromisario del Colegio de Médicos de Madrid (Icomem), Guillermo Sierra, se ha cansado de esperar y ha interpuesto una doble denuncia contra la presidenta, Sonia López Arribas, ante la justicia y ante la Organización Médica Colegial (OMC). El pasado 27 de mayo acudió a los tribunales para emprender acciones legales después de que López Arribas se negara a facilitarle la información y la documentación solicitada relativa al funcionamiento del colegio. Por el mismo motivo, Sierra reclamó a la OMC el pasado 5 de junio que intervenga en virtud del artículo 62.4 de los estatutos del Icomem.
La normativa del colegio madrileño especifica que “el enjuiciamiento y sanción de las faltas cometidas por los miembros de la Junta Directiva será competencia del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos”.
“Con la negativa expuesta se está impidiendo el ejercicio de las funciones de la Asamblea y el pleno conocimiento de la gestión del Icomem”, según relata Sierra en la misiva en la que reclama la intervención de la OMC y a la que ha tenido acceso EN EXCLUSIVA GACETA MÉDICA.
Pero las acciones legales emprendidas por el también ex presidente de la Organización Médica Colegial (OMC) han provocado consecuencias adicionales en los planes de López Arribas para su hombre de confianza, Antonio Mora, según han explicado a este periódico fuentes del colegio. El pasado 6 de junio estaba previsto que se resolviera la demanda de Mora contra el Colegio de Médicos de Madrid que había decidido retirarlo de su cargo de director general y relegarlo al puesto de asesor.
La denuncia de Sierra impidió que López Arribas pudiera testificar en favor del ex director general, que pretendía lograr por medio de los tribunales la restitución de su antiguo cargo con una retribución anual de más de 150.000 euros anuales. Ante esta situación, le correspondía acudir a declarar a la vicepresidenta, Ana Isabel Sánchez, que no es partidaria de la continuidad de Mora en la institución.
Acuerdo del Pleno y Mora
La intervención de Sierra obligó al Pleno de la Junta Directiva a alcanzar un acuerdo. Con tan sólo el apoyo de López Arribas, Mora se vio obligado a renunciar a la dirección general al ver que su demanda contra el Icomem no iba a prosperar. Ofreció al equipo directivo la posibilidad de retirar las acciones legales siempre y cuando le permitieran mantener el cargo de asesor.
En un comunicado, el Icomem subrayó que ha introducido un anexo al contrato de alta dirección firmado el 29 de junio de 2012 en el que se modifican “las cláusulas relativas al objeto, facultades y retribución del citado contrato”. El cambio de puesto supone una rebaja en su salario. Según fuentes del colegio, el ahora asesor percibirá cerca de 70.000 euros anuales, la mitad de su primer salario como director general.
Los emolumentos pactados el lunes difieren del compromiso de la Junta con la Asamblea de Compromisarios, a la que había informado de que Mora cobraría lo mismo que un jefe de Servicio en el Servicio Madrileño de Salud. “La cantidad es considerablemente mayor a la que cobra un jefe de servicios sin complementos”, mantienen.
La continuidad de Mora ha despertado más dudas en el colegio. La Junta Directiva explicó al término de la reunión del pasado lunes que sus funciones consisten en “la coordinación y supervisión del funcionamiento interdepartamental”, así como “la gestión con diferentes empresas externas para el buen gobierno colegial”. El comunicado no detalla las funciones que se derogan ni tampoco cuáles son las empresas externas a las que deberá atender el nuevo asesor. La nota del colegio tampoco aclara si se han revocado ya ante el notario los poderes que le otorgaban en su contrato un control casi absoluto sobre el funcionamiento del colegio madrileño, precisamente una de las reclamaciones de Sierra que siguen sin responderse por parte de la Junta Directiva.
Relación con empresas
La relación de Mora con las empresas también despierta suspicacias dentro del Icomem. La presencia de compañías privadas es otra de las principales preocupaciones en la institución a raíz de la propuesta de reforma de los estatutos que ha realizado López Arribas. La modificación que ha planteado la presidenta permite la firma de contratos “en condiciones ventajosas” y según los criterios que marca la Administración Pública.
Los colegiados han presentado 45 enmiendas en el mes de plazo desde la presentación de la propuesta de la Junta Directiva con el fin de que se cierre la puerta del Icomem a las empresas y conseguir que se cumpla el programa que llevo a López Arribas a ganar las elecciones.
Otra de las dudas pendientes es conocer cómo responderá en la reunión prevista para este mes la Asamblea de Compromisarios al nombramiento de Mora como asesor. En el anterior encuentro, este órgano había aceptado el cargo, pero con el sueldo de jefe de servicio de la Comunidad de Madrid. Por aquel entonces, la Asamblea desconocía que Mora había presentado una denuncia contra el colegio después de que se le retirara del puesto de director general. El conocimiento de esta demanda y unas condiciones económicas por encima de lo pactado podrían incrementar aún más la presión de la Asamblea contra la Junta Directiva.
Mora ha alcanzado un acuerdo con la Junta para retirar su denuncia contra el Icomem
La Asamblea desconoce si ya le han sido retirados los poderes al nuevo asesor
El 14 de mayo Guillermo Sierra solicitió información relativa al funcionamiento del Icomem a través una carta dirigida a la presidenta del Icomem, Sonia López Arribas; el secretario general, Emilio Villa, y a la tesorera, Ana Fernández. En la misiva, el compromisario reclamó las actas de los órganos de gobierno del Icomem; de todos los acuerdos adoptados en los órganos de gobierno; la contabilidad del Colegio; la relación íntegra y detallada de todos los movimientos económicos de 2012 y 2013 y de todos los gastos de representación y de cualquier otro que haya dispuesto la Junta Directiva, así como de colaboradores, asesores o trabajadores de la institución; y la certificación literal de las actas de la Junta en relación al cambio de estatutos. Sobre Antonio Mora, Sierra pidió una copia de su contrato de trabajo; modificaciones; apoderamientos y facultades delegadas; una relación de actos en que haya representado al Icomem; su curriculum; solicitudes o expedientes en los que intervenga, gastos y costes, así como las demandas contra el Icomem.
