ENTREVISTA/ Segura admite diferencias en las retribuciones y el prestigio social con el profesional sanitario
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Pregunta. ¿Qué debe cambiar en la política europea en relación a la salud pública?
Respuesta. Acentuar la importancia de las intervenciones sobre los determinantes colectivos de la salud. Las acciones sobre los factores de riesgo próximos de las enfermedades, como por ejemplo, la hipertensión o las dislipemias, mediante la prevención clínica basada en consejos y más a menudo en fármacos, resultan poco eficientes y poco equitativas, puesto que no modifican sustancialmente los condicionantes que determinan los comportamientos de las personas. Además de fomentar la medicalización que paradójicamente nos hace más vulnerables. Para ello convendría promover la perspectiva poblacional de las intervenciones sanitarias de promoción y protección de la salud características de la salud pública y la implicación activa de la comunidad en el control de tales determinantes. En definitiva actuar más decididamente contra las desigualdades injustas y evitables en la salud tanto desde el sistema sanitario como desde el conjunto de la sociedad.
P. El nuevo tratado también propone adoptar medidas que establezcan normas elevadas de calidad y seguridad de los medicamentos, ¿considera insuficiente la regulación comunitaria actual?
R. Aunque la seguridad de los medicamentos se ha incrementado notablemente en los últimos años, no ha sido igual a la hora de mejorar su prescripción y consumo. Tan importante como mejorar la transparencia en los procedimientos de autorización y la vigilancia de efectos adversos es intervenir más decididamente en la racionalización del consumo, evitando la tendencia a la trivialización y las distorsiones en las expectativas de sus beneficios. Los medicamentos para ser útiles deben estar indicados. De este modo nos ahorraríamos buena parte de la iatrogenia que hoy provocan y que además es superflua.
P. Una de las novedades es que a partir de ahora las instituciones pueden emprender acciones directas de salud pública en asuntos como el tabaco, ¿es positivo?
R. Desde luego, puede suponer una mejora apreciable de la efectividad de las medidas preventivas al facilitar su aplicación mediante la limitación de supuestos agravios comparativos.
Esther Martín del campo
Madrid
Con el texto de la futura Ley de Salud Pública a las puertas de su presentación en la Comisión de Sanidad del Congreso, el presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas), Andreu Segura, explica a GM lo que espera del nuevo texto, al tiempo que analiza la situación de los profesionales de la salud pública en nuestro país.
Pregunta. ¿Considera que existe un agravio comparativo entre los profesionales de la salud pública y el personal sanitario?
Respuesta. En buena parte sí. Menor salario, falta de acceso a carrera profesional y menos prestigio social.
P. ¿En qué áreas se integran?
R. Estas diferencias se deben a que la mayor parte de los recursos humanos de la salud pública están directamente adscritos a unidades orgánicas de las administraciones públicas, servicios de protección y de promoción de la salud colectivos o de vigilancia que dependen de direcciones generales de las consejerías de sanidad. Al ser empleados de las administraciones, muchos profesionales son funcionarios o interinos y no disfrutan de la carrera profesional que se ha desarrollado en los servicios sanitarios autonómicos, con personal estatutario o contratado.
P. ¿Espera que la nueva ley de salud pública contemple la carrera profesional para ellos?
R. Las autoridades sanitarias y las de salud pública son conscientes de la importancia de la calidad y el compromiso de los profesionales para el adecuado desempeño funcional, de manera que es prioritario hacer más atractivo el ejercicio profesional de la salud pública, para lo cual instaurar una carrera profesional supone un notable aliciente, entre otros que desde Sespas hemos propuesto.
P.¿Qué cambios debe introducir la futura normativa?
R. Precisamente, uno de ellos es incrementar el prestigio y el reconocimiento social de la práctica de la salud pública, introduciendo mejoras en la formación previa y en la continuada, que acrediten la competencia profesional en el desempeño de sus funciones y, desde luego, en la retribución económica. Todo ello depende de hacer más visible la utilidad sanitaria y social de la salud pública. La ley debe ser un instrumento para mejorar cuantitativa y cualitativamente la influencia de la salud pública en el sistema sanitario y en la sociedad, puesto que puede jugar el papel de gozne entre uno y otra. Contribuyendo a reorientar las actividades sanitarias hacia las necesidades reales de la población, disminuyendo el consumo sanitario inapropiado, las ineficiencias y las inequidades, muchas de ellas asociadas a la prevención clínica, y la iatrogenia, mientras que por otro lado puede contribuir a promover acciones sobre los determinantes sociales de la salud y la enfermedad, mediante una estrategia de salud en todas las políticas y la valoración de su impacto en la salud.
P. ¿Marcará un punto de inflexión en la gestión de la salud pública?
R. Naturalmente dependerá de los contenidos que finalmente disponga, pero también del grado de consenso. La potencialidad es grande porque puede establecer los criterios para la coordinación efectiva, un catálogo operativo de prestaciones básicas que permitan reconocer y hacer exigibles los derechos y las obligaciones de cada cual. Una ley de ámbito estatal puede favorecer también la colaboración de la salud pública con la sociedad y con los responsables de las políticas sectoriales que determinan en parte la salud de la población, facilitar la coordinación con otros niveles sanitarios y, desde luego, promover una distribución más equilibrada de las actividades de carácter colectivo en el conjunto de la sanidad.
