Semfyc y Semergen cuestionan el informe de la OMC que justifica medidas como el ‘cataloguiño’

Paloma Casado, vicepresidenta de Semergen, duda del intercambio o sustitución de medicamentos con “similar eficacia, seguridad y calidad”. En su opinión, donde la OMC dice “similar” debería poner “igual”, ya que aquí el matiz es muy importante y puede dar lugar a muchos márgenes. “Similar puede ser un medicamento de la misma familia, pero dentro de ella hay veinte fármacos que no son iguales entre sí”, matiza.

Casado deja claro que el médico de primaria está muy concienciado con la eficiencia, y en igualdad de condiciones siempre intenta prescribir el medicamento que, primero, mejor se ajusta al paciente, y segundo, a los recursos que se disponen. Además, recuerda que “hay muchos fármacos con el mismo principio activo, pero con excipientes que no son iguales. No todos los medicamentos te garantizan que sean absolutamente bioequivalentes, y hay pacientes que requieren ese tipo de fármacos”. “Si te limitan estructuralmente la prescripción de esos fármacos —continúa— y lo tienes que hacer a mano, quizá no sea una vulneración de la libertad de prescripción, pero sí un obstáculo sólo para conseguir un beneficio económico”.

Por contra, el informe de la OMC considera estas medidas de selección de fármacos como “actos de responsabilidad administrativa muy necesarios” que “no suponen vulneración de la libertad de prescripción y mucho menos un riesgo para la seguridad de los pacientes”. Así, invita a “juzgar y analizar la prescripción médica con mucha prudencia y un grado importante de corresponsabilidad debido a que nos movemos en una realidad de preocupante incertidumbre por la sostenibilidad del sistema sanitario público”.

A este respecto, el presidente de Semfyc, Josep Basora, puntualiza que la prescripción está sometida a una ley estatal, que marca que el médico elija un medicamento, y no un principio activo, por tanto, “si se cambia un medicamento, se cambia la prescripción”.

Basora entiende que si el Estado ha ido en contra de medidas como el ‘cataloguiño’, “por algo será”, y anima a esperar a la decisión que tome el Tribunal Constitucional. “Si el TC dice que el catálogo gallego es válido, entonces podremos evaluar este tipo de medidas. Si no parece que nos posicionamos por medidas políticas, y las sociedades científicas no pueden hacer eso”, concreta Basora y señala que no encuentra un sentido al informe de la OMC que justifica tales medidas.

Ahora bien, Basora aclara que no son las comunidades autónomas sino el Estado, a través de la Dirección General de Farmacia del Ministerio de Sanidad, quien fija los derechos de la prescripción y las condiciones de intercambio de medicamentos. Por este motivo, insta a la OMC a que también valore si desde un punto de vista deontológico la actual Ley del Medicamento es o no válida.

Basora pone sobre la mesa los que, a su entender, son los verdaderos focos de conflicto: “¿Deben reglamentar las autonomías una ley que es competencia del Estado? ¿Se deben aplicar diferentes criterios en cada región? ¿Debe introducir modificaciones el Estado para que los compradores de los medicamentos, las comunidades autónomas, entren a fijar precios? En este sentido, Semfyc es partidaria de que las autonomías participen en la fijación de precios.

La OMC también destaca en su informe que las iniciativas de selección de fármacos no deterioran la calidad de la asistencia, “muy al contrario pueden generar un ahorro económico que debería permitir atender otras necesidades asistenciales”. Tanto Casado como Basora también ponen en entredicho esto. La primera no cree que con el catálogo se ahorre porque “los medicamentos que incluye ya están a precios de referencia, porque así lo marca la ley”, y el segundo concluye: “Habrá que ver si el ahorro va dirigido a Sanidad”.