El SNS español ha logrado que su nivel de eficiencia y sus resultados sanitarios se sitúen entre los mejores del mundo. Sin embargo, la crisis ha puesto de manifiesto sus limitaciones y ha demostrado su incapacidad de satisfacer las nuevas demandas que la sociedad actual plantea. Ante los retos que presenta el actual escenario, la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa), en la que están integrados cerca de 900 directivos de hospitales del país, la mitad de ellos del SNS, ha elaborado 25 recomendaciones, incluidas dentro del documento de ‘Compromiso Sedisa con la sostenibilidad y las reformas de los servicios sanitarios públicos’, que se han presentado en el marco de sus jornadas de gestión sanitaria.
“El actual escenario de escasez de recursos y la necesidad de invertir más en desarrollo que en asistencia, plantea la necesidad urgente de movilizar otros recursos que, hoy por hoy, no sabemos de dónde pueden proceder”, reconoció César Pascual, vicepresidente de Sedisa y director gerente del Hospital de Valdecilla, en Santander. “La premisa de la máxima eficiencia es un imperativo ético que debe impregnar a toda la organización sanitaria, desde los directivos al personal de base”, añadió.
Para conseguir esa eficiencia, el documento elaborado por Sedisa apuesta por ajustar la estructura —plantillas y centros— como ya lo están haciendo las comunidades autónomas, y por actuar sobre los procesos para conseguir la eficiencia de los mismos, ya que además de mejorar ahorrando costes y eliminando procesos innecesarios, también aporta valor añadido mejorando la calidad de la atención y la seguridad del paciente.
Con el fin de estimular de forma directa la eficiencia, de manera que pase a ser un ejercicio de autorresponsabilidad de las profesiones, es imprescindible trasferir el riesgo financiero a los mismos. Por ello, el informe insta a seguir avanzando en la externalización basada en presupuestos per capita. Así, aunque la administración pública garantice la financiación, la provisión debe ponerse en manos de los que sean capaces de ser más eficientes, ya sea una empresa pública, una fundación, una concesión administrativa o una cooperativa de profesionales. “Es tarea de todos mejorar el sistema y hacerlo más sostenible a medio y largo plazo. Todos podemos poner un grano de arena para mejorar la gestión y para ello, ahora más que nunca, necesitamos un gobierno del Sistema Sanitario de expertos”, argumentó Joaquín Estévez, presidente de Sedisa.
Asimismo, para implicar a los profesionales en la mejora de los procesos y conseguir la máxima eficiencia, ésta debe introducirse como uno de los valores primordiales durante su formación y como compromiso ético con la sociedad para poder mantener la calidad, seguridad y equidad del sistema. “Debemos establecer un marco de relación que mejore la productividad de los profesionales, dado que existe una gran diferencia en el nivel de rendimiento entre distintos centros lo que deja claro que aún hay margen de mejora. Asimismo, debemos introducir sistemas de incentivación que mejoren sus condiciones actuales vinculados a la consecución de objetivos asistenciales, no asistenciales y también económicos, que deberían representar entre un 20-30 por ciento del salario”, añadió.
Otro aspecto clave es introducir medidas para flexibilizar el actual modelo de relación laboral de las organizaciones con los trabajadores sanitarios. Para ellos, el personal de nueva incorporación debería regirse por el régimen de derecho laboral privado para poder flexibilizar la remuneración según la valía profesional y la productividad, introducir el trabajo por objetivos y para poder ajustar la atención sanitaria a las necesidades asistenciales de la población. Respecto al personal estatutario y funcionario, que representa en la actualidad la mayoría del personal del sistema, deberían de modificarse sus estatutos para que la seguridad del puesto de trabajo no prime sobre la obligación de ofrecer un servicio público excelente y productivo a la población.
Uno de los puntos clave en el debate sobre la reforma del sistema es el modelo de financiación. Conscientes de que el gasto sanitario en los países industrializados tiende a crecer en cualquier período pero más en una situación de crisis económica como la actual, que está generando una enorme tensión presupuestaria en las economías de los Gobiernos regionales, insisten en sus recomendaciones en seguir manteniendo la financiación pública basada en impuestos y
en los principios de universalidad, igualdad y equidad, pero fomentando una financiación territorial equilibrada y homogénea.
“Para conseguir esa eficiencia habría que estudiar la posibilidad de pagos directos del usuario consensuados en todo el SNS”, explicó Estévez. En este sentido, reconociendo su postura contraria al copago, ya que podría quebrar el principio de igualdad puesto que a mayor carga de enfermedad deberían pagar más por necesitar más servicios, el presidente de la sociedad sí cree trascendental gravar con un ‘ticket’ moderador la frecuentación innecesaria y el uso abusivo de los recursos —asistencia a urgencias, consultas innecesarias, etc,—, y también pagar por los servicios que no son estrictamente sanitarios y que el paciente abonaría igualmente estando en su casa, como es la alimentación y la hostelería, así como penalizar la “hiperfrecuentación”.
Por esta razón y para tener consenso en medidas que pudieran ser polémicas o malentendidas por la ciudadanía, desde Sedisa se hace hincapié en la necesidad de favorecer la consecución de un pacto de Estado por la Sanidad, de manera que deje de ser materia electoralista y de desgaste político y pase a ser una materia técnica. “Estamos ante la ineludible y urgente necesidad de realizar un ejercicio de política responsable, que nos corresponde a todos, pero que tiene unos responsables que no pueden seguir ocultándose. De seguir con la tendencia actual, en un futuro no muy lejano nos veremos abocados a un colapso de un sistema sanitario público del que los españoles estamos razonablemente orgullosos”, opinó Pascual.
En el ámbito farmacéutico, el documento de anima a estimular la formación en coste-eficiencia y coste-beneficio de los distintos tratamientos disponibles para el profesional responsable de la prescripción y transferir parte del riesgo financiero al mismo a través de incentivos o a través de presupuestos clínicos, incentivando los ahorros y la buena praxis. La prescripción pública debe ser sólo del fármaco más eficiencia según la evidencia y la dispensación del equivalente más barato. Para Pascual, probablemente los ajustes en el precio tengan ya escaso o nulo recorrido, pero sí que se puede seguir mejorando algunos aspectos en las compras orientados a garantizar una revisión periódica de los precios. En paralelo, apuesta por lograr acuerdos con la industria para, en aquellos medicamentos o productos sanitarios que puedan ser considerados de interés social, determinar topes en los márgenes de beneficios. De hecho ya existen experiencias de responsabilidad social empresarial encaminadas en ese sentido.
Otro de los retos a corto plazo para garantizar la eficacia del sistema es reorientar el sistema sanitario hacia la cronicidad, enfocándose en la atención a crónicos y avanzando en el abandono progresivo del hospitalocentrismo e impulsando alternativas más eficientes respecto a la hospitalización tradicional, como la ambulatorización quirúrgica y el aumento de la capacidad de acción de la hospitalización a domicilio.
A juicio de Carlos Arenas, director gerente del Departamento de Orihuela (Alicante), “tenemos un gran reto, que es el de conseguir mantener y mejorar el nivel de salud de la población a un coste asumible. Para ello, es mucho más importante el adecuado control, la planificación y la recompensa a la excelencia que pueda tener la fórmula de gestión que se aplique que la fórmula en sí”.
Arenas explicó que “España se encuentra con respecto a otros países en relación gestión sanitaria en un nivel aceptable, si bien la gran cantidad de centros que tienen gestión directa administrativa hace que sea poco flexible, difícil de reorientar hacía las necesidades de salud de la población, muy inercial y con problemas de planificación, listas de espera y despersonalización de la asistencia”. Para mejorar hace hincapié en que “en la sanidad pública sería necesario o bien modificar el estatuto del personal sanitario para poder retribuir diferenciadamente según implicación y rendimiento y que los profesionales sean más evaluables por el sistema y por el paciente. Otra opción es la transformación de los centros en empresas públicas regidas por derecho mercantil y laboral”.
“Asimismo, -concluyó- es fundamental potenciar la gestión clínica y la medicina basada en la evidencia también en los centros públicos y que la gestión de los nuevos centros sea por concesión administrativa pero bien pensada y planificada”.
Por otro lado, desde Sedisa se considera fundamental seguir impulsando el uso de las nuevas tecnologías pensando en el retorno de la inversión que se puede obtener, mejorando la monitorización del paciente y optimizando los recursos a través de la telemedicina y la telemonitorización. En palabras de Pascual, “la historia clínica electrónica integral es un avance importante al que no debemos renunciar puesto que nos aporta un mayor control, claridad y monitorización de los procesos, así como posibilidades de evaluación, tanto del profesional como del proceso terapéutico”.
Todos estas propuestas, en opinión del presidente, “contribuirán de manera importantísima a mejorar la eficiencia de nuestro sistema y a hacerlo sostenible a medio y largo plazo. Algunas ya se están realizando y otras aún quedan lejos debido a la inercia del sistema”.
