GM Madrid | sábado, 02 de enero de 2016 h |

Más de un centenar de profesionales, mayoritariamente enfermeras, han participado en las dos primeras jornadas informativas sobre responsabilidad profesional que se han celebrado en los hospitales Clínico y Getafe.

En ellas, los responsables de la asesoría jurídica de SATSE y Consejo General de Enfermería (CGE), así como portavoces de ambas organizaciones, han advertido de las graves consecuencias que podrían derivarse de ignorar el real decreto de prescripción tal y como se está afirmando desde algunos Servicios de Salud.

Se recordó que desde algunas Comunidades Autónomas –la de Madrid aún no se ha pronunciado– se está recomendando a los profesionales que sigan actuando “como hasta ahora, sin explicar al enfermero las graves consecuencias penales y económicas que podría producirse en caso de iniciarse una denuncia ya que los escritos que se están remitiendo desde los distintos servicios de Salud, indican, carecen de validez legal y podrían no ser tenidos en cuenta por los tribunales de justicia”.

Respecto a las pólizas que, tanto las distintas administraciones como empresas privadas tienen suscritas para sus trabajadores, los responsables de las asesorías jurídicas de SATSE y del Consejo General de Enfermería recordaron que “la mayoría contemplan que, en caso de actuar en contra de la ley -e ignorar un real decreto lo es-, no viene recogido entre las coberturas por lo que deberían ser los propios profesionales los que, a título individual, deberían hacer frente a las posibles penas económicas que pudieran imponerse”.

En este sentido, recordar que sin acreditación o sin protocolos validados a nivel nacional y publicados en el BOE, el profesional enfermero “ha visto reducida su autonomía en el ejercicio diario de su profesión”, tal y gráficamente expresó una enfermera asistente a la jornada celebrada en Getafe.

Entre las recomendaciones, a modo de resumen, que los ponentes de esta Jornada Profesional Enfermera han ofrecido a los asistentes que “deben comportarse siempre conforme a la legislación y deontología profesional; buscar la seguridad jurídica dejando constancia escrita de la prescripciones y, si eso no es posible, contar con la presencia de testigos; comprobar el seguro de responsabilidad profesional que tiene suscrito y, finalmente, contar con el asesoramiento del colegio profesional y/o del Sindicato de Enfermería”.