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El Ministerio de Sanidad considera “imprescindible” contar con los profesionales a la hora de tomar decisiones políticas por lo que escuchará sus propuestas para mejorar y hacer más sostenible el Sistema Nacional de Salud (SNS) a través de tres grupos de trabajo, uno que avanzará en el Pacto por la Sanidad, otro que se ocupará de la gestión clínica como instrumento de mejora de la calidad asistencial y un tercero que abordará la ordenación profesional.
Así lo ha acordado la titular de este departamento, Ana Mato, durante su encuentro con el Foro de la Profesión Médica —que forman la Organización Médica Colegial (OMC), el sindicato médico CESM, la Conferencia de Decanos de Medicina, el Consejo Nacional de Especialidades (CNE), la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas (Facme) y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM)— a cuyos representantes ha expresado su deseo de comenzar una “nueva etapa” de trabajo conjunto donde poder adoptar decisiones “desde el consenso”.
Esta colaboración puede quedar plasmada en un convenio marco de colaboración que se firmará esta semana, según ha explicado el secretario general de CESM y portavoz del Foro, Francisco Miralles, quien ha destacado el “buen clima de diálogo” que ha reinado en una reunión en la que se han abordado temas de carácter más general relacionados con las competencias del ministerio pero no tanto cuestiones puntuales como los recortes que se están produciendo en algunas comunidades. Por ello, los médicos, en principio, mantienen su intención de celebrar la manifestación nacional prevista para el 23 de febrero en Madrid.
Nueva jornada laboral
Mientras tanto, en esta comunidad también continúan las negociaciones entre los sanitarios y la Administración con la “voluntad” de alcanzar un acuerdo por ambas partes, aunque las discrepancias se mantienen en relación con la externalización de la gestión de los centros y la aplicación de la nueva jornada laboral de 37,5 horas semanales.
Así, durante las dos reuniones de la mesa sectorial, los sindicatos presentes en ella—Amyts, Satse, USAE, CC.OO, UGT, CSIT-UP— han expresado su oposición a un borrador que implicaría 222 jornadas de siete horas, a las que habría que añadir una horquilla entre 117 y 140 horas. Aunque según el secretario general de la central médica Amyts, Julián Ezquerra, sí han corregido errores de cómputo de la instrucción anterior —que podía generar un horario de 239 horas—, de salir adelante la nueva orden supondrá una pérdida salarial para los trabajadores de 200 euros al mes, ya que las guardias serán sustituidas por turnos de tarde o rebajas retributivas.
Por su parte, el consejero de Sanidad regional, Javier Fernández-Lasquetty, ha matizado que no solo están manteniendo encuentros con los sindicatos sino también con el resto de organizaciones profesionales para sacar adelante las medidas con el mayor respaldo posible. De hecho, su departamento ha seleccionado siete propuestas de racionalización asistencial presentadas por el Comité Profesional de Enfermería durante un encuentro con los directores generales de Hospitales y de Atención Primaria, Antonio Burgueño y Antonio Alemany.
Estas medidas pasan por la puesta en marcha de Unidades de Alta Resolución multidisciplinares en la entrada de las urgencias —para evitar ingresos y agilizar las pruebas diagnósticas—, por el aumento de las competencias de la enfermería en esta área y como modelo de continuidad asistencial entre niveles —coordinando la atención continuada de cuidados a través de las enfermeras de enlace— y por una reorientación de las consultas enfermeras en los hospitales con agendas de pruebas complementarias de todas las especialidades gestionadas por ellas, impulsando así alternativas a la hospitalización convencional como la domiciliaria, los hospitales de día y las unidades de corta estancia.
Encierros en hospitales
Pese a ello, tanto los sindicatos como los comités profesionales médico y enfermero, junto a la Plataforma Asamblearia de Trabajadores y Usuarios (PATU-Salud) y los partidos de la oposición en la Asamblea de Madrid han convocado encierros nocturnos en todos los hospitales de la región y en algunos centros de salud en contra de la externalización, del “injusto” cierre del Hospital Instituto de Cardiología y de la desaparición del personal no sanitario del Hospital Puerta de Hierro, así como para exigir que los Hospitales Carlos III, la Princesa y la lavandería central mantengan su actividad actual.
Estos encierros también se repetirán a partir del 5 de febrero en los hospitales gallegos
—comenzando en los de A Coruña, Lugo y Verín— para protestar por los recortes retributivos del personal, mientras continúan los paros rotatorios de los médicos de Andalucía y en la Comunidad Valenciana los sindicatos CESM y CC.OO. han expresado su inquietud al desconocer aún la relación de indicadores que definirá la nueva productividad variable y que les comunicarán en las mesas técnicas que se celebrarán los dos próximos meses.
Mato quiere iniciar una nueva etapa de trabajo conjunto y tomar decisiones consensuadas
Los médicos ven “buen clima de diálogo” pero de momento mantienen la movilización del 23-F
Durante el año pasado el número de médicos que solicitaron a la Organización Médica Colegial (OMC) un certificado de idoneidad para salir fuera de España se ha incrementado en un 74,27 por ciento, pasando de 1.380 en 2011 a 2.405 en 2012. Entre los datos más llamativos destaca el importante ascenso de los médicos de Madrid, que se situaron a la cabeza con 474 solicitudes frente a las 171 del año pasado, registrando un incremento del 177 por ciento. Cataluña, que en 2011 ocupó el primer puesto en solicitudes de certificados con 340 bajó al segundo lugar, a pesar de experimentar un incremento del 29 por ciento con 440 certificados, seguida de Andalucía, que duplicó las cifras del año anterior pasando de 145 a 292 y subió una posición en el ranking. Pero la comunidad que experimentó el mayor crecimiento en esta demanda ha sido Castilla-La Mancha, que pasó de 25 en 2011 a 144 en 2012, lo que supuso un incremento del 476 por ciento y su ascenso a la cuarta plaza en 2012 —desde la decimocuarta que ocupó en 2011—. Por el contrario, el País Vasco y Ceuta fueron las dos únicas regiones que bajaron estas solicitudes respecto al año anterior, especialmente la primera, que redujo la demanda en un 20 por ciento, pasando de 60 solicitudes en 2011 a 48 en 2012.
