Redacción Madrid | viernes, 11 de mayo de 2012 h |

Tras muchos meses de tibieza en su postura contra la subasta, con la esperanza de que las elecciones autonómicas dieran al PP un Gobierno andaluz que permitiera la retirada de la medida sin conflictos administrativos, el Ministerio de Sanidad tuvo finalmente que mojarse. Y lo hizo de una manera tan rápida y contundente que ‘se pasó de frenada’. Así lo considera el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Sevilla, donde se tramitaba el segundo recurso presentado por el Gobierno contra la licitación de principios activos, que asegura que el Ejecutivo Central se excedió en su intento de tumbar la iniciativa andaluza.

El tiempo corre hacia el 1 de junio, fecha en la que las farmacias andaluzas empezarán a dispensar los medicamentos seleccionados a los cuatro laboratorios que firmaron sus contratos con el Servicio Andaluz de Salud. La Junta entiende que el procedimiento abierto ante el Tribunal Constitucional suspendía la resolución, pero sin carácter retroactivo.

Esta actitud llevó al Ministerio a abrir todos los frentes legales posibles, en busca de la paralización cautelar de la subasta. Pero esa posibilidad tenía un límite. Según una información publicada el pasado viernes por el diario El País, el juez suspendió la causa contencioso-administrativa después de que el propio abogado del Estado reconociera que esta jurisdicción no puede tramitar un asunto que ya estudia el Tribunal Constitucional.

El rotativo también hace referencia a cartas remitidas al juez por los abogados de la Consejería de Salud andaluza esgrimiendo estas mismas razones. En definitiva, esto implica que hasta que el Constitucional no resuelva el procedimiento abierto, no podrá reactivarse el recurso contencioso-administrativo y no prospera la paralización cautelar que buscaba.

Se trata de un capítulo más en el breve pero intenso desencuentro que la consejera de Salud, María Jesús Montero, y la ministra de Sanidad, Ana Mato, han protagonizado hasta el momento.

En el campo del ministerio, Andalucía es igual de activa. La semana pasada, en las reuniones de la Comisión de Prestaciones y de Farmacia del Consejo Interterritorial en la que el Ministerio ha informado de los desarrollos del Real Decreto Ley, los responsables de Andalucía rechazaron la implantación de cualquier tipo de copago en la denominada Cartera de Servicios Suplementaria, y solicitarion al Ministerio que aclarase qué va ocurrir con los tratamientos que se dispensan a los pacientes en el hospital y que podrían verse afectados también por el pago de los pacientes según se desprende del Real Decreto Ley.

Andalucía denuncia que, aunque el Ministerio sigue adelante con el desarrollo normativo del 16/2012, “se ha limitado a una información básica, dado que no se ha aportado ninguna documentación al respecto ni se han aclarado las dudas que han formulado las autonomías”. Así, numerosas regiones, según la Junta, coincidieron en señalar la dificultad técnica que conlleva la implantación del copago en la dispensación ambulatoria de productos hospitalarios y, especialmente, el transporte sanitario no urgente. En concreto, Andalucía y el País Vasco reiteraron el impacto “catastrófico” que puede tener esta medida sobre determinados colectivos, puesto la norma no específica ningún límite de cuantía a esta aportación.