El ministerio de Sanidad se ha comprometido a aclarar la idea de reforzar la seguridad en la regulación de los fármacos biosimilares. En una reunión mantenida la semana pasada por representantes de la Alianza General de Pacientes y Fundamed con el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, y el director general de Salud Pública, Calidad e Innovación, Javier Castrodeza, los responsables conocieron de primera mano el contenido del ‘Manifiesto por la Seguridad de los Pacientes en los tratamientos biolóticos’ presentado por la AGP y Fundamed en febrero.
Al encuentro también acudió José Luis Andreu, presidente electo de la Sociedad Española de Reumatología, una de las sociedades científicas que suscriben este documento. El responsable resaltó que desde el ministerio y las comunidades hay que evitar que criterios fuera del binomio paciente-médico que lo trata decidan qué biológico o qué diana terapéutica bloquear. “Pedimos que de forma explícita protejan que alguien del hospital, fuera del médico que lleva al paciente, y por un criterio economicista imponga un biosimilar”, aseguró.
“Bastaría con cumplir el marco legal”, sostuvo. El problema es que de forma automática personas tratadas con un biológico innovador pasen a serlo con el biosimilar correspondiente, explicó. Si hay pérdida de seguridad, puntualizó, no se sabría a qué agente atribuirlo.
El campo real de estos fármacos, en su opinión, es que si por primera vez se quiere prescribir un biológico innovador y hay biosimilares en la línea más baratos, se opte por los segundos. “Es la forma de que esto se vaya introduciendo de forma amigable y aceptada por todos los profesionales. Todo lo que no sea eso supone que los médicos se pondrán de uñas contra los biosimilares”, advirtió.
Por su parte, el presidente de ConArtritis, Antonio I.Torralba, se mostró satisfecho con el contenido de la reunión, y recalcó que tanto las sociedades científicas como las organizaciones de pacientes coiciden en que la aparición de nuevos medicamentos resulta positiva para los enfermos. “Tanto las sociedades científicas como las asociaciones pensamos que el ministerio está dispuesto a trabajar y colaborar para conseguir que se respeten las normas, e incluso avanzar un poco más para que se protejan aquellos puntos que se ponen de relieve en el manifiesto”, aseguró el portavoz en alusión a las sustituciones de biológicos por biosimilares. Torralba hizo hincapié en que los responsables mostraron sensibilidad para recoger sus propuestas y se comprometieron a mantenerse vigilantes para evitar que se den situaciones que pongan en peligro la seguridad del paciente.
De este modo, su balance de la reunión fue positivo. “Lo que pedimos no es extraño”, recalcó, para añadir que tanto el ministerio como las asociaciones tendrán en cuenta el manifiesto e intentarán detectar cualquier incidencia que surja, para ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes.
No obstante, Roberto Saldaña, gerente de la Asociación de Enfermos de Chron y Colitis Ulcerosa (ACCU), echó en falta una mayor concreción. “Saben que es necesario hacer algo, pero ¿cuánto tiempo van a tardar en dar una solución rápida a los problemas que ya tenemos los pacientes?”, aseguró en declaraciones a GM. “Necesitamos saber qué van a hacer para evitar que se sustituyan estos tratamientos”, comentó.
En la misma semana, la Agencia Española del Medicamento y los Productos Sanitarios hizo llegar una carta a la AGP en la que asegura que comparte la preocupación expresada en el manifiesto. La agencia destaca su actividad informativa sobre estos medicamentos y asegura que continuará en esa dirección para que el marco regulatoria sirva como garantía para los pacientes.
