Dependencia/ El Consejo Territorial adelanta a octubre el inicio de la evaluación
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El objetivo de este foro es racionalizar el gasto y mejorar la eficacia del sistema
El gasto sanitario vinculado a la Dependencia no se definirá en los presupuestos
Esther Martín del Campo
Madrid
La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez anunció la semana pasada, tras la celebración del Consejo Territorial de Dependencia en Madrid, la propuesta de realizar un Consejo Extraordinario de Política Social y Sanidad de manera conjunta que permita, en palabras de la portavoz, “empezar a trabajar en la definición de un espacio sociosanitario que se está consolidando en muchas comunidades autónomas”. Jiménez insistió en que este espacio común debe ser impulsado desde el Ministerio de Sanidad y Política Social, con el objetivo de racionalizar en el gasto y, por extensión en la eficacia del sistema, así como para analizar “de forma sólida y consistente” cuáles van a ser las necesidades futuras.
Sin embargo, la titular de Sanidad matizó que el gasto sanitario vinculado a la dependencia no se especificará en los presupuestos: “Una cosa es que en nuestra estrategia se cree un espacio sociosanitario que nos permita basar en una mayor racionalización de la prestación y de los servicios, y otra que eso vaya vinculado a partidas presupuestarias completas, sobre todo cuando las competencias están incorporadas en un mismo ministerio”.
En la misma línea, Jiménez anunció la publicación “en breve” de dos informes encargados por el Gobierno para evaluar la implantación de la Ley de Dependencia que van con retraso sobre las fechas previstas. Uno de ellos, elaborado por la Agencia Estatal de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios, se terminó en diciembre del año pasado. Entre las recomendaciones de este trabajo, que trascendió antes del verano a través de algunos medios de comunicación, se encontraba precisamente la de definir el gasto sanitario vinculado a la Dependencia, al tiempo que se destacaban las dificultades para conocer qué partidas dedicaba cada comunidad al desarrollo de la ley.
La ministra justificó el retraso en la publicación de este documento en la necesidad de actualizar la información. Según sus palabras, “se han producido cambios, y se han incorporado nuevos datos y elementos”.
En la misma línea, el secretario general de Política Social, Francisco Moza, explicó que el ministerio ha solicitado una comparecencia ante el Congreso para explicar los resultados de otro estudio encargado por la Cámara a un grupo de expertos independientes, cuyo trabajo esperan que pueda estar listo en los próximos días.
La evaluación se adelanta
En su primera reunión tras el parón estival, el Consejo Territorial acordó adelantar los trabajos de evaluación de la ley, cuyo comienzo estaba previsto a principios del año próximo. De este modo, los trabajos de evaluación se iniciarán en octubre, con el fin de llegar a acuerdos para mejorar la implantación de la ley antes del verano, explicó Jiménez.
Por otra parte, el Consejo acordó directrices sobre la información común que todas las comunidades autónomas aportarán al Sistema de Información del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, con el objetivo de elaborar estadísticas públicas que mejoren el conocimiento sobre el sistema.
En este sentido, la ministra añadió que con estos acuerdos comunidades autónomas y ministerio han llegado a un buen entendimiento para ser lo más transparentes y eficientes posible con los recursos. “Es una ley que entraña un esfuerzo financiero importante para todos, pero también es verdad que algunas de las correcciones se pueden introducir por la vía del gasto”, apuntó.
En plena negociación de la ley de presupuestos, Trinidad Jiménez insistió en el compromiso del Gobierno de mantener la misma aportación para la financiación de la Dependencia, un ámbito que, aseguró, “no se verá mermado” a pesar de la austeridad, aunque no puntualizó cuál va a ser el incremento para el año próximo.
Asimismo, el Consejo Territorial aprobó el impulso a la formación de los cuidadores no profesionales a través de cursos presenciales o a distancia en los que aprenderán medidas de cuidados básicos y también de prevención de lesiones y riesgos para el cuidador.
Según los últimos datos presentados en el encuentro, nueve de cada diez personas que han solicitado prestaciones o servicios de la ley ya han sido evaluados. Antes de final de año, dos de cada tres personas declaradas dependientes recibirán la atención del sistema, según indicó la ministra.
