E.M.C. Madrid | lunes, 05 de enero de 2015 h |

Ni el anuncio del secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, de que entre 5.000 y 6.000 enfermos de hepatitis C se beneficiarán a principios de año de los fármacos innovadores financiados por el Sistema Nacional de Salud, ni el que semanas antes realizó el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, sobre el acuerdo en la Comisión Interministerial de Precios para incluir un nuevo fármaco para el tratamiento de la hepatitis C en la financiación pública, daclatasvir, han calmado los ánimos de los especialistas.

En estos días se completa la tramitación administrativa de este segundo proceso, a falta de conocer el papel que será asignado a este medicamento de la compañía Bristol-Myers Squibb en el informe de posicionamiento terapéutico (IPT) del ministerio y, lo que es más, su aplicación real en la práctica una vez que sea revisada la recién estrenada estrategia de priorización para el uso de antivirales de acción directa en hepatitis C.

Además, el arsenal terapéutico sigue completándose a nivel internacional con la aprobación por parte de la Agencia Norteamericana del Medicamento (FDA, por sus siglas en inglés) de otra combinación esperada, Viekira Pak, de AbbVie, (ombitasvir/paritaprevir/ritonavir comprimidos; dasabuvir comprimidos) para el tratamiento de esta infección con genotipo 1.

No obstante, ninguno de estos avances deja mucho margen a la esperanza para los especialistas, que continúan insistiendo en las trabas para acceder a estos. Sin ir más lejos, la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH) ha matizado en estos días las estimaciones de Rubén Moreno. Según su presidente, Jaume Bosch, al menos 30.000 pacientes deberían beneficiarse de los medicamentos innovadores. Aunque Sanidad ha aclarado que sus cálculos se refieren a un tratamiento “inminente” y que está abierta la posibilidad de ampliar el número de afectados beneficiados a lo largo del curso.

Las palabras de Moreno, que dio a conocer las previsiones del ministerio tras mantener una reunión con representantes de esta sociedad científica, también fueron contextualizadas por el presidente de la AEEH, que insiste en que en ningún caso cuantificaron esta cifra, sólo hablaron de pacientes en situaciones concretas.

La tensión entre esta sociedad científica y Sanidad no es nueva. Antes de las vacaciones navideñas, la AEEH aseguró que se había visto obligada a recomendar explícitamente a sus asociados no seguir las pautas incluidas en la estrategia de priorización propuesta por el ministerio. La sociedad instaba a las consejerías a reconsiderar la aplicación de este documento en su formato actual y a desarrollar una auténtica estrategia nacional que tenga en cuenta a los expertos clínicos y a los pacientes.

Según recalcaban, el documento, en cuya elaboración no se ha contado con los especialistas de la asociación, lejos de rectificar la situación creada por unos IPTs que se consideraban ya obsoletos, agrava algunos problemas.

Los expertos denunciaban nuevas barreras en el acceso que afectan de forma especial a los pacientes trasplantados, que no podrán ser tratados con regímenes libres de interferón. Además, entre otros puntos, subrayaban que no ofrece alternativas de tratamiento a un número importante de pacientes que no han respondido a otras terapias.

En la misma línea, han advertido de que pone en riesgo la salud de los pacientes con hepatitis C al recomendar para algunas situaciones tratamientos obsoletos con fármacos con telaprevir o boceprevir, pese a la incidencia de efectos adversos graves según la valoración de los especialistas. En definitiva, ponen de relieve que la estrategia recomienda esquemas de tratamiento más costosos sin ninguna base científica.

Estas valoraciones añaden más leña al fuego de las protestas de una parte de las asociaciones de pacientes en las últimas semanas, alentadas también por otros movimientos como la llamada marea blanca madrileña. Pero las peticiones para garantizar, en la práctica, un acceso equitativo a estos tratamientos innovadores llegan desde todos los ámbitos.

La secretaria de Política Social de UGT, Carmen López, ha remitido una carta a Alonso solicitando que se garantice el tratamiento a todos los afectados en condiciones de igualdad de acceso y “sin discriminación alguna”, tal y como recoge la agencia Europa Press. En la misiva, López denuncia la lentitud en la respuesta del Gobierno, la “gran restricción” del acceso a los mismos y la “falta de criterios homogéneos” en el conjunto de las comunidades autónomas.

Esta petición enlaza con otras como la solicitud de comparecencia urgente en el Congreso del ministro de Sanidad por parte del grupo parlamentario Socialista, que según ha explicado su portavoz de Sanidad, José Martínez Olmos, reclama al Gobierno que explique sus planes para resolver el problema de acceso a los fármacos de última generación que se están dando no sólo entre comunidades, sino también entre centros. En estos días también esta previsto que el PSOE registre una proposición no de ley que contemple el desarrollo de un plan que calculan que debería ir acompañado de un presupuesto de 150 millones de euros anuales.

Por otra parte, a escala regional, el Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una queja de oficio a la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud, dependiente de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, para conocer cómo el Servicio Andaluz de Salud (SAS) va a dispensar el fármaco innovador para la hepatitis C. El defensor constata que están recibiendo quejas de algunos afectados cuya situación no admite más demora y recuerda que aunque el alta del medicamento en el sistema estaba previsto para el uno de noviembre, no saben nada del proceso de dispensación en los hospitales del sistema público andaluz.