J. Ruiz-Tagle Madrid | viernes, 11 de septiembre de 2015 h |

El Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) ha tenido un impacto positivo para sufragar las deudas sanitarias que se gestaron en los primeros años de la crisis. El Tribunal de Cuentas ha publicado un informe en el que detalla, comunidad a comunidad, el uso que se ha hecho de las ayudas estatales para el pago a proveedores, destacando el área de Sanidad como la mayor beneficiaria (56,60 por ciento de media nacional). Dentro de los diecisiete territorios (9 fueron los que se acogieron a la ayuda económica), el estudio destaca la labor de Murcia y Canarias en relación al pago de proveedores sanitarios, alcanzando un 91,5 y un 89,6 por ciento, respectivamente.

Más allá de estas dos comunidades, todas excepto Andalucía (37,7 por ciento) y Comunidad Valenciana (55,1 por ciento) destinaron al pago de las facturas sanitarias pendientes un porcentaje superior a la media. El caso valenciano es llamativo, ya que sus farmacias sufren impagos cíclicos desde el año 2012.

En los informes elaborados por el ministerio de Hacienda, la nota para las comunidades autónomas, en general, es positiva. “El grado de ejecución es relativamente elevado, teniendo en cuenta que el Real Decreto 16/2012 comenzó a surtir efecto en el último trimestre de aquel curso”, explica el informe del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, estas notas positivas se han ido relajando hasta el pasado curso, donde el Tribunal destaca ciento relax.

Críticas al Ministerio de Hacienda

A pesar del pago a proveedores sanitarios, los objetivos de déficit entre los años 2012 y 2013 no se han cumplido de forma homogénea en todo el territorio nacional. Por ello, desde el Tribunal de Cuentas se critica la pasividad del Ministerio de Hacienda. “No consta que el Ministerio de Hacienda adoptase ninguna de las medidas coercitivas que le permite la normativa vigente”. Junto a esta crítica, el tribunal también encuentra erróneo que el ministerio estableciera un objetivo de déficit único, circunstancia que habría lastrado “la eficiencia” del propio mecanismo. Por ello, el organismo le pide a Hacienda que “extreme el control” y que explique “tanto los criterios de distribución del déficit entre sectores como la distribución horizontal entre comunidades”.