Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
Se vendió como un gran éxito mediático. Todos los consejeros, incluidos los del PP, cayeron ingenuamente en la trampa, y Trinidad Jiménez, lista como pocas, apareció triunfante de nuevo ante la opinión pública, como había hecho ya en plena epidemia de la gripe A. Sin embargo, lo allí pactado no ha valido para nada. Fue sólo papel mojado, un fuego de artificio cuyos resultados están hoy a la vista de todos: el sistema se halla sumido en la más absoluta bancarrota. Casi un año después, el “gran” acuerdo del 18 de marzo alcanzado en el Pleno del Consejo Interterritorial para apuntalar la sostenibilidad y la cohesión de la Sanidad española hace agua. Pocas, por no decir ninguna de las medidas allí contempladas, se ha materializado en resultados tangibles y las mismas autonomías que se prestaron solícitas a participar en la foto de familia legislan ahora en contra del Estado con el fin de ahorrar unos euros para sus depauperadas cuentas públicas. Aunque la farmacia parece llevarse la palma en lo que a incumplimientos se refiere, el área que peor balance registra, con creces, es la relativa a los recursos humanos, lo que está en consonancia con la inactividad absoluta que ha registrado el Ministerio en política de personal desde que el PSOE llegó al poder, en 2004.
Por ejemplo, nada se ha avanzado en las retribuciones comunes predicadas con tantas alharacas en el pacto de marras. De hecho, la variedad en salarios, complementos y retribución de la carrera profesional sigue siendo la tónica dominante entre los servicios de salud de las comunidades. En este año infausto para la Sanidad, lo único común que han recibido los profesionales del sector ha sido un tijeretazo salvaje en sus nóminas decretado por la Vicepresidencia Económica para paliar con él el parte del déficit público. Nada más. No obstante, hasta Murcia ha decidido salirse del redil y aplicar recortes aún mayores, en medio de la pasividad más absoluta del Ministerio, que ha renunciado a liderar allá donde cuenta con competencias y donde carece de ellas, como es el caso.
Con la troncalidad sucede otro tanto. Después de encender las iras de un buen número de sociedades científicas, el Ministerio acaba de descolgarse con un nuevo borrador de proyecto de decreto de reforma de la formación de los médicos internos residentes (MIR) muy parecido a borradores anteriores, y ha empezado a pedir aportaciones a las comunidades. Una estrategia muy manida que denota el nulo interés de Sanidad de aprobar el texto en lo que resta de legislatura por aquello de no echarse encima a otro colectivo en época preelectoral. Se admiten apuestas sobre las nulas posibilidades que tendrá el documento de ver la luz definitivamente en el plazo de un año. Al futuro Gobierno que se forme tras las generales se le acumulan los deberes sanitarios.
¿Y del registro de profesionales? ¡Qué decir que no se haya dicho ya! En este caso, tampoco es aventurado predecir que no habrá tal catálogo a corto y medio plazo. Repasen las hemerotecas, vean el acuerdo alcanzado entre Elena Salgado en su etapa como ministra de Sanidad y la Organización Médica Colegial presidida por Isacio Siguero, y comprobarán que no se ha hecho absolutamente nada en este campo. La improvisación sigue siendo, pues, la nota dominante.
Lo más gracioso del acuerdo, sin embargo, es lo de la mayor participación en la gestión y dirección de los centros por parte de los profesionales. Por supuesto, nada de esto se ha producido, sino más bien, lo contrario: por un lado, las experiencias autogestoras siguen siendo despreciadas en algunos territorios. Por el otro, se ha intensificado la designación de gerentes con criterios políticos. Todo un chiste, en definitiva.
