MADRID/ Jiménez se muestra preocupada por las dificultades de gestión, organización y funcionamiento de los servicios

br

Güemes no ve motivos para impugnar un decreto que ha respetado “escrupulosamente” la normativa general
| 2010-02-12T16:11:00+01:00 h |

REDACCIÓN

Madrid

Los servicios jurídicos del Ministerio de Sanidad están revisando si la Ley de Libre Elección y Área Única de la Comunidad de Madrid contiene algún punto incompatible con la Ley General de Sanidad. Aunque el departamento que dirige Trinidad Jiménez ya estudió el proyecto cuando éste se presentó, en estos momentos se encuentra en fase de análisis para ser remitido al Ministerio de Administración Territorial, que finalmente tomará una decisión.

Así se lo hizo saber la ministra a los secretarios generales de los sindicatos regionales CC.OO. y UGT durante un encuentro en el que Jiménez manifestó su preocupación por la creación de un área única en Madrid, que englobaría a más de seis millones de personas y que, a su juicio, dificultaría la gestión, organización y funcionamiento de los servicios sanitarios, una inquietud respecto a la que vienen advirtiendo desde hace tiempo las organizaciones profesionales y los partidos políticos de la oposición. Sin embargo, la titular de Sanidad dejó claro que su intención, cuando se conozca el contenido del informe, es llegar a un acuerdo con la Comunidad de Madrid que haga compatible las normativas.

Poco preocupado se ha mostrado el consejero de Sanidad madrileño, Juan José Güemes, pues asegura que el decreto respeta “escrupulosamente” la norma nacional y no hay ningún motivo para impugnarlo. Según Güemes, la Ley General de Sanidad ampara desde un área con 20.000 habitantes a otra de cinco millones, sin que esto haya sido cuestionado jamás por el ministerio. En su opinión, la eliminación de las 11 áreas será un cambio que eliminará fronteras burocráticas y que permitirá una gestión más eficaz de los recursos. Por su parte, el secretario general del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez, ha pedido que el Gobierno regional dé marcha atrás respecto a esta ley.