Castilla-La mancha/ Navarro sustituye a Benito en la Secretaría General

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E.M.C. Madrid | viernes, 25 de enero de 2013 h |

Echániz cree que “está bien” que el poder judicial dirima, pero es una decisión ejecutiva

Según el PSOE, la distancia entre Piqueras y el PAC asignado supera los 45 minutos

El hasta ahora secretario general de Sanidad de la Consejería de Castilla-La Mancha, José Miguel Benito, no verá desde este cargo el desenlace final del polémico cierre nocturno de 21 puntos de atención continuada en la comunidad. Tras presentar su dimisión, Patricia Navarro ocupa ahora su puesto.

La solución parece estar lejos. Al cierre de esta edición todavía no se conoce la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), reunido por segunda vez en la semana para deliberar sobre la medida “cautelarísima” que suspende la orden del gobierno regional.

La medida judicial fue adoptada tras la admisión a trámite de un recurso presentado por el Ayuntamiento de Tembleque, uno de los pueblos afectados, fundamentado sobre el número de tarjetas que dependen de su punto de atención continuada. Una iniciativa a la que hay que añadir dos nuevos recursos ya admitidos por el TSJCM, el presentado por el consistorio de Adobes (Guadalajara), para el que se ha abierto un nuevo plazo de alegaciones, y el del Ayuntamiento de Durón, en la misma provincia.

A diferencia del recurso de Tembleque, el de Adobes argumenta, mediante un acta notarial, que el tiempo que se tarda en llegar al centro sanitario de Molina de Aragón desde Piqueras, en un día de climatología normal, son 45 minutos, muy por encima de la distancia máxima de 30 minutos a la que debe obtener asistencia sanitaria un ciudadano, según la Ley General de Sanidad. El PSOE castellano-manchego recalca, además, que es tres veces más de los 15 minutos que la presidenta de la comunidad, María Dolores de Cospedal, sostiene que habría tras la reorganización desde los municipios afectados hasta su nuevo punto de atención continuada.

A la espera de una resolución judicial definitiva, el Consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, sigue defendiendo la decisión del ejecutivo regional. Tras el Consejo de Gobierno del pasado jueves, Echániz aseguró a los medios que “está bien que el poder judicial quiera dirimir” sobre esta medida, pero insistió en que la decisión es una “labor ejecutiva”, y puntualizó que el gobierno regional respetará las decisiones judiciales, aunque pongan en valor “una decisión ejecutiva, de gobierno, de reordenación de servicios”. En su opinión, son los técnicos los que tienen que decidir.

A diferencia Echániz, De Cospedal opta por no pronunciarse: “Cuando hay un tribunal de por medio, espero a ver lo que dice”, sostiene. No obstante, la presidenta coincide con el consejero en que la reducción horaria no es una decisión “que se tome en un despacho” por políticos, sino por técnicos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

Declaraciones en la línea de una nota remitida por la propia consejería tras celebrar una rueda de prensa en la que los profesionales de urgencias del Sescam, según el escrito, cuestionaban la suspensión cautelar de la reordenación horaria, que calificaban como “una mala decisión desde el punto de vista operativo”.

En la nota, el gerente de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario del Sescam, Juan Antonio Sánchez Losada, explicaba que las modificaciones en los PAC, entre otras, no están tomadas por altos cargos de la consejería, sino por los médicos y responsables clínicos.

Sin embargo, dos días después Sánchez-Losada aseguraba en otro comunicado que nadie de su equipo, ni él mismo, han presentado ningún proyecto de cambio horario de los PAC, pues “no es su competencia ni lo ha sido”. Sánchez Losada rechazó cualquier intento de politizar su gestión desde el gobierno o la oposición, así como la manipulación de sus declaraciones en algunos medios.