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Carlos B. Rodríguez. Madrid | viernes, 27 de junio de 2014 h |

La subida del IVA sanitario al tipo general se aplicará casi dos años después de que el Tribunal de la UE dictara sentencia, un tiempo suficiente para que todos los afectados se hayan preparado de cara al nuevo escenario, aunque no palia sus efectos negativos. El encarecimiento en once puntos de diversos productos y tecnologías en un momento de limitaciones presupuestarias sigue manteniendo en vilo a los sectores afectados, que piden al Gobierno que sea consciente de este impacto y adopte medidas que permitan corregir este sobrecoste a partir del 1 de enero de 2015.

El Ejecutivo espera recaudar entre 300 y 400 millones anuales gracias al IVA sanitario, cifra que no se corresponde con las estimaciones de Fenin. La patronal de tecnología sanitaria manejaba un impacto de entre 500 y 600 millones, según Carlos Sisternas, su director en Cataluña. En principio, la postura de Fenin es positiva gracias a los resquicios que deja el anteproyecto para que diversos productos y tratamientos relacionados con la cronicidad y las deficiencias funcionales mantengan el tipo de reducido. La lista es detallada, pero con muchos matices, según Sisternas, de manera que su impacto económico final no se sabrá hasta que no se conozca con certeza qué productos pasan al general o no, algo que puede variar durante la tramitación.

A falta de que se aclare si desde el Gobierno se va a ser receptivo a las demandas del sector, las comunidades tendrán que asumir las modificaciones del tipo impositivo sin poder repercutirlo. Según ha podido saber EL GLOBAL, publicación editada por Wecare-u, las demandas del sector en relación a las medidas presupuestarias o de otro tipo que puedan paliar el sobrecoste por el IVA han quedado separadas de la tramitación del anteproyecto. En otras palabras, el Ejecutivo no se opone a estudiar medidas compensatorias, pero cree que la tramitación del anteproyecto no es el camino adecuado. No obstante, si estas compensaciones llegaran al sistema público, la sanidad privada también pide que se articule un plan de retorno. Precisamente tras hacerse público el contenido del Anteproyecto de Ley, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) lamenta que no se hayan tenido en cuenta sus consideraciones para incorporar alguna medida nueva que favorezca la contratación de estos seguros, “lo que mejoraría el funcionamiento de la sanidad española y generaría un ahorro para el Estado de hasta 1.500 millones de euros anuales”, apuntan. Para el secretario general del IDIS, Juan Abarca, el doble aseguramiento voluntario es una bendición para el sistema público, sin embargo, matiza que esta medida debe ir acompañada por otras iniciativas. En esta línea, el IDIS destaca que los más de siete millones de usuarios que actualmente tienen aseguramiento privado no utilizan los recursos de la sanidad pública. Además, estiman que con una deducción del 15 por ciento de la prima, el importe medio deducido no superaría los 100 euros anuales por persona. En definitiva, defienden que el seguro de salud es el financiador básico de los recursos sanitarios privados, cuyo funcionamiento complementa al dispositivo del SNS.

Mas allá del impacto del IVA, la reforma fiscal ha dejado también un temor de recortes por los 7.000 millones de euros que, según las previsiones oficiales, dejarán de ingresarse. De momento, durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera de la semana pasada el Gobierno ofreció a las CC.AA. 3.900 millones para paliar los efectos de la reforma fiscal.