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La polémica tasa de un euro por receta aprobada en Cataluña, inicialmente anunciada como universal, se ha matizado. “Algunos casos de bajas rentas” quedarán exentos de pagarla, según confirmó el conseller de Salut, Boi Ruiz, el primer día laboral de enero, tras un final de año marcado por la falta de apoyo social y parlamentario a la medida.
Tampoco se ha aplicado desde el 1 de enero, como estaba previsto, sino que retrasa hasta que se aprueben los presupuestos y se definan de forma completa los detalles de la tasa con la que el Gobierno catalán pretende obtener hasta 102 millones de euros.
El día que Andreu Mas-Colell, conseller de Economía y Conocimiento, presentó los presupuestos de la Generalitat para este año, se descartaba introducir exenciones por el momento ya que el condicionamiento del nivel de renta suponía “dificultades de implementación”.
La intención inicial era comenzar por “un nivel muy bajo”, según valora Mas-Colell la cuantía de un euro, para decidir posteriormente si habría algunos colectivos libres de abonar la tasa.
“Es poco serio que salga cada semana un conseller y vaya matizando un proyecto que aún se está estudiando”, reprochan a Ruiz portavoces de Metges de Catalunya (MC).
Dudas sobre su destino
Desde el sindicato opinan que “es dudoso que los ingresos de esta tasa lleguen a fines médicos y no acaben perdiéndose en trámites burocráticos”. Y consideran que sería más efectivo aplicar un reajuste en el copago actual en función de la renta de las personas, en lugar de introducir exenciones en el que tachan como “malnombrado tique moderador”.
Josep Esteve, presidente de la Federación de Asociaciones de Farmacéuticos de Cataluña, cree por su parte que para la introducción de excepciones en la medida será necesario un sistema específico de diferenciación de los usuarios, y sospecha que será “un caos de organización administrativa” y un “problema adicional para las farmacias”.
Desde el Colegio de Enfermeras de Barcelona llegan a dudar de la legalidad de la tasa, y a juicio de su directora de programas, Nuria Cuxart, supone un “incremento encubierto” del porcentaje que ya paga cada usuario por la Sanidad.
Para los Colegios Oficiales de Farmacéuticos (COF) de Cataluña no sólo han rechazado este proyecto de tasa, sino que tampoco quieren recaudarla y exigen que, en caso de tener que hacerlo, se pacte una compensación, como pide el presidente del COF de Tarragona, Andreu Suriol.
Después de recibir las críticas del colectivo de profesionales sanitarios, —excepto del Colegio de Médicos de Barcelona, que pidió que se hiciera extensiva al resto del Estado— ciudadanos y partidos políticos como IU, PP o ICV-EUiA, Boi Ruiz insiste en que la tasa no tiene una finalidad recaudatoria, y que “afectará o no a la gente según su situación, básicamente económica”.
También vuelve a huir del término “copago”, ya que, según define, “copago consiste en contribuir en una parte del gasto”, y esta medida “no es para contribuir”, sino una tasa para lograr recursos adicionales, como ya se aplica en otros ámbitos públicos.
El conseller de Salud se refugia en el hecho de que aplicar un nuevo copago “no sería competencia de la Generalitat”, sino del Estado, al que vuelve a pedir que busque “medidas de recursos adicionales” para hacer frente a la entrada de nuevos medicamentos e innovaciones tecnológicas en el sistema sanitario.
Un año al frente de Salud
Haciendo balance de su primer año desde que cogió los mandos de la sanidad catalana, el presidente del sindicato MC considera que, si no redirecciona su gestión, Ruiz “pasará a la historia como el conseller que dejó a los catalanes sin salud”. Según Albert Tomàs, lo peor es que Ruiz no ha aprovechado la crisis para hacer una puesta a punto del sistema sanitario catalán, sino que ha creado uno “made in USA”, para que la sanidad privada saque partido de la pública obteniendo así más beneficios.
