recortes/ Las organizaciones profesionales creen que supondrá una destrucción de empleo y generará desigualdades entre los trabajadores

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REDACCIÓN Madrid | viernes, 09 de marzo de 2012 h |

La aplicación en el sector sanitario del incremento horario en la jornada semanal de los empleados públicos sigue generando desavenencias entre las organizaciones sindicales y las administraciones autonómicas, aunque si en algo coinciden es en que traerá consigo menos contrataciones de personal eventual.

Así, los médicos canarios han expresado su intención de no cumplir con las indicaciones que les ha dado la Consejería de Sanidad de acumular horas y trabajar una tarde cada dos semanas, sino que exigen ampliar media hora más su jornada diaria como el resto de funcionarios de la región. De esta forma piden que se modifique el decreto que impide al personal sanitario acogerse a la generalidad, es decir, a trabajar 30 minutos más al día, y que les obliga a acumular ese tiempo y a utilizarlo en jornadas de 2,20 horas semanales o 4,40 quincenales.

Desde el sindicato CESM señalan además que, según la ley, es obligatorio informar a los trabajadores con dos meses de antelación sobre cualquier modificación de la jornada y ésta debe tener en cuenta la conciliación de la vida laboral y familiar. Por ello, tienen previsto presentar a la consejera regional, Brígida Mendoza, soluciones que eviten los “agravios” y el “caos” que se ha generado en los centros —ante esta negativa de los médicos a acumular horas están peligrando las operaciones por la tarde— y, en caso de que no sean tenidas en cuenta, no descartan tomar las medidas “necesarias”.

Aumento de las cargas

También en Baleares los sindicatos con representación en la mesa sectorial —CC.OO., UGT, USAE, CSIF y STEI— creen que el aumento de la jornada semanal tendrá como consecuencia una reducción de las plantillas, aumentando con ello las cargas de trabajo del personal, por lo que han llamado a la ciudadanía a movilizarse contra los recortes que el Gobierno autonómico está llevando a cabo en la sanidad pública.

Con estos actos de protesta rechazarán la “insuficiente” dotación presupuestaria, la “paralización” de la contratación temporal y la “supresión” de la actividad complementaria, lo que conllevará un aumento de las listas de espera. Por su parte, la coalición de sindicatos médicos CESM-O’Mega ha remitido a la Administración sanitaria gallega una carta en la que recuerdan a sus titulares el compromiso que adquirieron el pasado noviembre de negociar el complemento de productividad y que supuso la desconvocatoria de los paros previstos, huelga que no descartan retomar en caso de que la consejería no rectifique lo antes posible.

Estos sindicatos han presentado además un escrito al Defensor del Pueblo gallego cuestionando ciertos aspectos de la normativa aprobada en febrero de este año respecto a la regulación de las bajas por incapacidad transitoria (IT) —este complemento ha sido eliminado durante los primeros 21 días de baja—, una medida que, como señalan los médicos, pretende corregir el absentismo laboral “castigando” también a los trabajadores que cumplen adecuadamente con sus funciones.

En otras regiones en las que las consejerías y los profesionales sí han alcanzado un “pacto” para aplicar el aumento de jornada sin que afecte a las plantillas y a las condiciones laborales, no todas las organizaciones se muestran satisfechas. Es el caso de Madrid donde los sindicatos de médicos, enfermeros y auxiliares madrileños (Amyts, Satse y USAE) siguen trabajando dentro de la comisión de seguimiento del acuerdo al que llegaron con Sanidad pese a que la Asociación Profesional de Médicos y Facultativos de Madrid (SIME) —sindicato federado en CSIT Unión Profesional— ha anunciado su intención de interponer una demanda ante los tribunales contra las instrucciones publicadas pues considera que supondrán una nueva forma de “destrucción” de empleo público y generarán “desigualdades” entre los trabajadores, mermando la calidad de la asistencia.

Estas repercusiones, para SIME, se manifestarán en un aumento de la carga de trabajo de los profesionales de AP, así como en riesgos laborales, problemas organizativos y pérdida de empleo público —se contratarán menos eventuales— en este nivel, mientras que en atención especializada también se reducirán las retribuciones, se incrementarán las amortizaciones de plazas de interinos y se dejará al arbitrio de cada gerente la distribución del aumento de 110 horas anuales.

También la Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria (Somamfyc) ha denunciado los recortes presupuestarios que la primaria lleva sufriendo de manera continuada desde 2009
—más de 5,5 por ciento— generando “indignación” y un sentimiento de “desprotección” entre los profesionales.

600 eventuales menos

En cuanto a Murcia, donde el sindicato médico llegó a un “principio de acuerdo” con el departamento de Sanidad y Política Social de María Ángeles Palacios, esta ha reconocido —durante su comparecencia en la Asamblea Regional para informar sobre los recortes en el capítulo primero de recursos humanos del Servicio Murciano de Salud (SMS) para 2012— que habrá una “paulatina reducción” del personal eventual, cuantificada en “unos 600”.

Según la consejera murciana, la necesidad de reducir gastos demanda medidas como el regreso a las 37,5 horas semanales —que estará implantado desde el 12 de marzo— con lo que los sanitarios de la comunidad volverán a trabajar el mismo número de horas que en 2007, logrando un ahorro que en de 30 millones de euros que no supondrá la pérdida de puestos de trabajo fijos.

También el consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, ha enviado un comunicado a los trabajadores del servicio regional de salud, explicando la nueva regulación y los criterios de ampliación de la jornada que serán comunes a todas las profesiones y categorías y traerán consigo ahorros en la gestión diaria derivados de la realización de actividades antes remuneradas específicamente —autoconcertación, módulos o acumulaciones— y de la menor necesidad de sustituciones en el régimen de turnos.

Además, reitera el compromiso de no modificar las actuales condiciones laborales, manteniendo los horarios de mañana —salvo en la ampliación de 2,5 horas semanales en algunas tardes o sábados por la mañana— y los de guardias —de 15 a 8 horas los días laborables y de 24 horas los festivos—, eliminando la previsión inicial de una jornada especial para los servicios de urgencia y unidades de cuidados críticos. En el caso específico de los enfermeros, la nueva orden reconoce de forma expresa la realidad del denominado “solapamiento”, un exceso horario que se compensará con cambios de turno, siempre que no se generen nuevas necesidades de sustitución.

La ley obliga a informar a los trabajadores de cambios en la jornada, recuerda CESM-Canarias

SIME recurrirá las instrucciones de Madrid porque aumentarán las cargas de trabajo

Los sindicatos sanitarios mayoritarios a nivel estatal se reunirán este lunes con el Ministerio de Sanidad en el seno del Comité Consultivo del Sistema Nacional de Salud, un órgano regulado por Ley de Cohesión y Calidad pero que sólo tiene competencias de participación y asesoramiento y en el que, previsiblemente, les informarán de los trámites y acuerdos adoptados en el Consejo Interterritorial del SNS (Cisns). Con esta convocatoria, el departamento de Ana Mato ha querido salir del paso ante las reclamaciones que desde su toma de posesión vienen haciendo CESM, CC.OO., UGT y CSI-F para que convoque la Mesa Sectorial Estatal de Sanidad, el ámbito adecuado para negociar los temas laborales —constituido el 8 de septiembre del año pasado y cuyo reglamento de funcionamiento interno fue aprobado el 10 de noviembre— y en el que quieren analizar los recortes que las administraciones están aplicando, concretando también un calendario de reuniones para abordarlos en profundidad. Este Comité, inoperante desde diciembre de 2010, estará presidido por la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas —acompañada por el secretario general técnico, Sergio Caravajal, el director general de Ordenación Profesional, Javier Castrodeza, y la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación, Mercedes Vinuesa— y congregará también a representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), de la patronal de empresarios CEOE, de la Confederación Empresarial de Pequeñas y Medianas Empresas (Cepyme) y de las seis autonomías (Asturias, Cantabria, Comunidad Valenciana, La Rioja, Murcia y Aragón) que integran el comité consultivo de la Dependencia. Sin embargo, los sindicatos —que se reunieron el viernes para establecer un plan de acción y expresaron su malestar porque el último Cins abordara cuestiones laborales— seguirán exigiendo un derecho de negociación que por ahora les están quitando, aunque son conscientes de que esta Mesa no se reunirá hasta que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado, a finales de este mes.