DECRETO/ Médicos y enfermeros crean un gabinete de crisis para analizar la constitucionalidad de la estatutarización de los funcionarios

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REDACCIÓN Madrid | viernes, 11 de mayo de 2012 h |

Dada la “indefensión” y la “grave inseguridad” jurídica en la que quedarán los médicos y enfermeros (practicantes y matronas) que ejercen la asistencia pública domiciliaria (titulares) en los servicios locales de salud—y, en el caso de los primeros, también los de cupo y zona—, así como el resto del personal funcionario que trabaja en instituciones sanitarias públicas y que debe integrarse como personal estatutario fijo antes del 31 de diciembre de 2012, los consejos generales de ambas profesiones han creado un gabinete de crisis para analizar la “dudosa legalidad” del contenido y alcance de la disposición adicional 16ª del decreto-ley de medidas urgentes aprobado por el Gobierno para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).

En su primera reunión han señalado la necesidad de una norma que aclare la situación en la que quedarán los sanitarios que opten por la no integración —concretamente en cuanto a su antigüedad y jubilación— y pasen a órganos administrativos que no pertenezcan a las administraciones sanitarias cuya naturaleza y denominación dicha disposición no concreta.

Además, han planteado la posibilidad de que algunos aspectos de esta norma puedan dar lugar a conflictos de competencias con las comunidades autónomas y con el lema “No a la expropiación de médicos titulares”, han celebrado una jornada de puertas abiertas en la sede de la OMC con participación de las asesorías jurídicas, de los portavoces parlamentarios del Congreso de todos los grupos y de la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas (mientras que los colegios de Extremadura, Andalucía y Galicia también han convocado sus propias asambleas informativas).

La titular de Sanidad, Ana Mato, no ha tardado en responder a estas reclamaciones y, tras reunirse con los presidentes de médicos y enfermeros, se ha comprometido a “reconducir” la situación y a mantener los derechos adquiridos por los profesionales afectados por esta nueva regulación.

El ministerio podría incluir esta matización en la rectificación que, según los sindicatos CC.OO., UGT y CSI-F, tiene previsto publicar próximamente ya que este punto —aunque también otros contemplados en el decreto— raya claramente la inconstitucionalidad, según los departamentos jurídicos de estas centrales. De hecho, el vocal de Administraciones Públicas de la Organización Médica Colegial, Antonio Fernández Pro, ya planteó la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional y el secretario general del sindicato médico CESM, Patricio Martínez, barajó la opción de elevar una queja ante el Defensor del Pueblo (ver GM, nº 419) recordando que, en el caso de los facultativos de cupo y zona, hasta ahora han recurrido con éxito ante la justicia todos los intentos de estatutarizarles obligatoria.

Para el sector de Atención Primaria de CESM esta medida tampoco aporta ningún beneficio para la sostenibilidad del sistema, simplemente supone una “bofetada” para unos 3.000 facultativos —la mayoría funcionarios de carrera por oposición— con amplia experiencia y capacidad resolutiva y cuya colaboración fue fundamental para el éxito de las transferencias sanitarias. Además, les parece especialmente indignante el hecho de que se haya tramitado sin la preceptiva negociación, con “alevosía y clandestinidad” y en el mayor de los “secretos” —o tal vez de la “ignorancia”, matizan en un comunicado—una forma de actuar que, aseguran, no va a quedar sin respuesta.

También las sociedades científicas de primaria, SEMG y Semergen, han rechazado una integración que deja “indefensos y desprotegidos” a un gran número de médicos, “vulnerando” los derechos adquiridos durante más de 30 años y sin consenso ni debate previo con los representantes profesionales.

Para Semergen carece de sentido el hecho de “recolocar” a estos facultativos en departamentos ajenos a su disciplina, mientras que SEMG no comprende ni comparte la toma de decisiones puntuales sin contemplar una remodelación de fondo del primer nivel con las medidas estructurales que desde hace tiempo vienen reclamado todas las organizaciones de atención primaria.

“Algunos aspectos de la norma pueden dar lugar a conflictos de competencias con las comunidades”

CESM critica que se haya tramitado sin negociación, en el mayor de los secretos o de la “ignorancia”