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Las promesas de emprender los cambios estructurales que necesita el Sistema Nacional de Salud (SNS) y que los profesionales vienen planteando desde hace tiempo —un Consejo Interterritorial con carácter vinculante, presupuestos finalistas, políticas de recursos humanos, etc.— no se están llevando a cabo ni en las comunidades autónomas ni a nivel nacional tal y como prometió el actual Gobierno antes de ganar las elecciones generales del 20-N.
Por el contrario, sí se están produciendo nuevos recortes “indiscriminados y malintencionados” cumpliendo con el aviso lanzado por el secretario general del sindicato médico CESM, Patricio Martínez, antes de los comicios, momento en el que ya advirtió de que los facultativos se movilizarían en caso de que se adoptaran más medidas “injustas” que perjudiquen no sólo sus condiciones laborales y personales sino la calidad de la asistencia.
Por ello, Martínez ha anunciado su intención de iniciar las acciones de presión necesarias —coordinándose con las que los médicos ya están adoptando en las distintas regiones— y de denunciar, incluso por la vía judicial si procede, a la clase política y a los gestores económicos que, en su opinión, son los “responsables” de la situación “crítica” en la que se encuentra el sistema por haber hecho un mal uso de los recursos y haber utilizado al sector con fines partidistas y sin transparencia, ya que desconocen la deuda real del sistema y las intenciones del actual Ejecutivo. “Quizá su objetivo es desestructurar el sistema y venderlo por partes como en Cataluña”, se ha preguntado matizando que, por el momento, no contemplan la convocatoria de huelga pues creen que solo perjudicaría su relación con el paciente, aunque la considerarían en caso de que la situación siga empeorando.
Para el secretario general de CESM, este colectivo ya ha llegado a su límite como demuestran las protestas que mantienen los médicos valencianos y que el consejero de Sanidad, Luis Rosado, quiere solucionar con su propuesta de cambiar el complemento de carrera profesional —que, según recoge el decreto de medidas urgentes para la reducción del déficit en la comunidad, se reducirá al 50 por ciento durante los dos próximos años— por uno ligado a la productividad, algo que tiene previsto presentar a colegios y sindicatos los próximos días. Por otra parte, Rosado también ha anunciado que su departamento ahorrará 1,2 millones de euros con la modificación de la estructura, funciones y régimen del personal directivo para “homogeneizar y armonizar” su labor según las necesidades organizativas.
Plante MIR en Madrid
También el consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, asegura mantener “conversaciones continuas” con los sindicatos para organizar el incremento de la jornada laboral de 35 a 37 horas y media semanales aunque, por el momento, la Sección de Residentes de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) mantiene el paro convocado para el próximo 26 de enero —con una concentración en la Puerta del Sol— para pedir que se reconozcan y abonen como guardias las 24 horas realizadas en sábado, que el decreto de la consejería quiere reducir a 17. Por su parte, la Asociación de Inspección de Servicios Sanitarios de la comunidad ha mostrado su oposición a la medida que reduce la prestación por incapacidad temporal (IT) a los empleados públicos y ha pedido al Gobierno regional su retirada.
Menos dialogante se está mostrando la consejera cántabra, María José Sáenz de Buruaga, que todavía no se ha reunido con el sindicato médico regional para explicarles la magnitud de unos ajustes de cuyas generalidades se han enterado por el Boletín Oficial de Cantabria, según su presidente, Javier Santiuste. Este ha explicado a GM que no van a permitir que, tras sufrir el año pasado el “mayor destrozo económico y laboral” de todo el personal sanitario, intenten “pisar” lo poco que les queda, ignorando lo firmado tras la larga huelga que mantuvieron entonces para recobrar algo de su “deterioradísima” situación.
Por el contrario, en Castilla y León, la consejería y CESM han acercado posiciones sobre la modificación de la jornada laboral y el decreto de jornada
—según el cual los facultativos trabajan de tarde sólo de forma voluntaria e incentivada— y esperan hacerlo también sobre el recorte de guardias.
“Quizá su objetivo es desestructurar el sistema y venderlo por partes como en Cataluña”
“Han hecho un mal uso de los recursos y han utilizado al sector con fines partidistas”