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RECORTES/ Los sindicatos inician un calendario de movilizaciones para paralizar un real decreto que busca la “mercantilización” del sistema sanitario

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M. R. Madrid | viernes, 11 de mayo de 2012 h |

Desconfianza. Por una parte, respecto a que las medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad con la aprobación del decreto-ley 16/2012 puedan generar el ahorro de 7.000 millones de euros que predica el Gobierno central y, por otro, sobre sus intenciones reales con esta reforma del sistema.

Estas dudas y sus “graves consecuencias” han llevado a los sindicatos con representación en la mesa sectorial de sanidad (UGT, CC.OO., Cemsatse y CSI-F) a convocar concentraciones de 20 minutos en todos los hospitales y en los grandes centros de salud de toda España como primer paso de un calendario de movilizaciones que, sin descartar ninguna medida de presión, irán adaptando a los movimientos de la Administración pues consideran que sólo la concienciación y movilización ciudadana podrá parar un decreto que quiere acabar con el sistema sanitario público actual.

Tal y como explicó en rueda de prensa el secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC.OO., Antonio Cabrera, las decisiones que están adoptando el ministerio y la mayoría de las comunidades autónomas sólo generarán desigualdades entre la población y empeorarán las condiciones laborales de los profesionales con el objetivo encubierto de, en un futuro, cambiar el modelo por uno de doble aseguramiento —similar al de Canadá, Australia y EEUU— “más caro” y con “menos población protegida”. El primer paso, en su opinión, ha sido favorecer a los mutualistas, los únicos a los que no afecta el “repago” farmacéutico, y el siguiente movimiento pasa por “deslegitimar” un sistema con el que los ciudadanos están satisfechos aplicando medidas que, para empezar, aumentarán las listas de espera, lo que empujará a los pacientes a acudir a la sanidad privada. Por ello, también están pensando en instaurar mesas informativas dentro de los centros sanitarios para explicar a los ciudadanos en qué consisten los recortes y cómo les pueden afectar, ya que los resultados en salud pueden ser “alarmantes”. “Los recortes se sucederán a lo largo de este año y, con más crueldad, en los presupuestos del año que viene ya que nuestro país no va a alcanzar el nivel de déficit que exige la UE”, vaticinó.

Pilar Navarro, secretaria del Sector de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de la FSP-UGT, criticó las “variopintas” medidas urgentes contempladas en la norma que en realidad no lo son, una memoria económica llena de “lagunas”, pues no aclara la rentabilidad de aquellas, y que el ministerio haya obviado la mesa de diálogo social y la sectorial. Por lo tanto, considera que además de “criticable” el decreto es “recurrible” y los gabinetes jurídicos de todas las centrales están estudiando qué puntos de pueden llevarse a los tribunales.

Navarro coincide con Cabrera en que el Gobierno quiere encaminar el SNS hacia un modelo dual de “mercantilización” de la sanidad que choca con normativas en vigor como la Ley General de Sanidad, la de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), todo ello sin ninguna evaluación o análisis previo del sistema y sin contar con el arco parlamentario, los agentes profesionales y sociales y la ciudadanía.

En este sentido, Fernando Molina, presidente del sector de Sanidad de CSI-F, cree que el ministerio probablemente publicará una rectificación de tantos puntos de la norma que prácticamente será un decreto diferenciado, aunque tiene claro que, en el futuro, seguirán haciendo recortes en lugar de desarrollar la medicina preventiva y la atención primaria, algo con lo que conseguirían ahorros “más importantes” que los previstos. Los sindicatos también han denunciado que se esté vulnerando la negociación colectiva y han dado de plazo hasta el 30 de junio para que Sanidad convoque la mesa sectorial o recurrirán a la vía judicial sumándose a la sentencia de Cemsatse que obliga a la Administración a formarla. Por el momento, han contactado con cinco grupos políticos para que respalden una pregunta parlamentaria a la titular de Sanidad, Ana Mato, que hasta ahora no ha respondido a su petición.

Además de los sindicatos, tanto el Foro de la Profesión Médica como el Consejo General de Enfermería (CGE) han expresado su preocupación y malestar por unas decisiones que, en el caso de los primeros, creen que pondrá en peligro el tan “ansiado y necesario” Pacto por la Sanidad. El presidente del CGE, Máximo González Jurado, por su parte, ha calificado de “ignorantes u optimistas” a quienes piensen que con estas medidas se van a resolver los problemas de un sistema que se está cayendo “a pedazos”. Durante la presentación de una encuesta según la cual en torno al 90 por ciento de los 3.000 enfermeros consultados considera que “poco o nada acertado, justo y eficaz” lo contemplado en el decreto, González Jurado ha alertado de que en el último año más de 9.000 de estos profesionales han sido despedidos pero no considera que haya “voluntad política” para hablar de los problemas “reales” de la sanidad española como las “graves bolsas de ineficiencia”.