EP Madrid | lunes, 24 de agosto de 2015 h |

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado en Portomarín (Lugo) que el Gobierno está trabajando en el diseño de un modelo único de atención sanitaria para los inmigrantes irregulares que estará listo en septiembre.

Preguntado entonces por si los inmigrantes ‘sin papeles’ podrán acceder a la sanidad pública española, ha evitado dar una respuesta y se ha limitado a decir que este asunto se resolverá en septiembre.

“Y lo que queremos ahora, y creo que es algo bastante razonable, es que el mismo trato sea igual en todas las comunidades autónomas de España. Yo creo que este mes de septiembre resolveremos este tema definitivamente porque no tiene sentido que en un sitio se produzca de una forma y en otros sitios de otra forma distinta”, ha razonado en relación a las diferentes autonomías.

Al hilo de esto, ha hecho hincapié en que “los derechos, igual que los deberes y las obligaciones, deben ser exactamente iguales para todo el conjunto del territorio nacional”.

“Es una sanidad pública que concede a las personas, que es el caso de inmigrantes irregulares, una atención de las más avanzadas del conjunto de la UE”, ha explicado en referencia a los inmigrantes ‘sin papeles’.

Derogación del 16/2012

Por su parte, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reclamado de nuevo a Rajoy la derogación del controvertido Real Decreto Ley 16/2012 con el que el Partido Popular inició la reforma sanitaria. Una petición que los socialistas trasladarán en los próximos días a través de una iniciativa parlamentaria.

“Ese decreto quiebra un principio básico, que es la universalidad del sistema de la sanidad pública y expulsa a cientos de miles de personas del sistema”, ha denunciado Sánchez en Málaga, donde ha visitado la Feria, acompañado, entre otros, por el secretario general del PSOE malagueño y del grupo socialista en el Congreso, Miguel Ángel Heredia, y por el portavoz en la Cámara Baja, Antonio Hernando.

Más aún, el candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno ha calificado este decreto de “injusto, insolidario e ineficiente desde el punto de vista económico”. Y es que, en su opinión, “es mucho más costoso tener a esas personas fuera del sistema”.

En caso de que su petición no salga adelante, se ha comprometido a derogar el Real Decreto Ley 16/2012 si es elegido presidente. El objetivo, ha aseverado, es “recuperar en toda España el principio de decencia, de solidaridad, de justicia y de eficiencia económica que representa la universalidad del sistema de sanidad pública”.

Durante su intervención, Sánchez ha puesto en valor que, tras las pasadas elecciones autonómicas, más comunidades gobernadas por el PSOE se estén oponiendo a este decreto y “garanticen así el principio de universalidad de la sanidad pública”.