Asamblea/ La mutua colaborará con la SS y el Consorcio de Compensación de Seguros para liquidar las pensiones de los beneficiarios del régimen
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J.G.
Madrid
Una vez aprobado en el Consejo de Ministros del 7 de mayo el decreto que determina los derechos de los médicos integrados en el régimen de Asociación Médico-Farmacéutica y Accidentes de Trabajo (AMF-AT), y los criterios técnicos de cuantificación y las obligaciones de colaboración entre las partes implicadas, la mutua Previsión Sanitaria Nacional (PSN) colaborará con la Seguridad Social (SS) y el Consorcio de Compensación de Seguros para proporcionar los datos completos de los beneficiarios de AMF-AT con el fin de iniciar la liquidación de sus pensiones. Además, PSN contribuirá con las dotaciones y previsiones que se le impongan, una vez que así lo ha asumido su Asamblea de Mutualistas, reunida la semana pasada en sesión ordinaria. Asimismo, la Asamblea también aprobó los resultados obtenidos por PSN en 2009 y decidió destinar a reservas voluntarias los 2,12 millones de beneficio neto. Entre las cifras de 2009 destacan, 24 millones de euros en primas únicas, un 60 por ciento más que en 2008; 5.500 nuevos mutualistas, que ya ascienden a 93.000; 137.000 asegurados; 153.000 pólizas; 45 millones de euros pagados en prestaciones por jubilación, inutilidad y accidente; y 42 nuevos puestos de trabajo neto creados en el grupo.
El presidente de la entidad, Miguel Carrero, también informó sobre sentencias recientes. Como consecuencia de la inspección de Seguros desde diciembre, se puso a disposición de los mutualistas la sentencia que anuló las elecciones al Consejo de Administración de 2007, cuyo fallo no es firme y se ha recurrido, los resultados favorables de procedimientos relacionados con sendas promociones inmobiliarias en Marbella y San Juan, así como el fallo firme que confirma la expulsión de Alfonso Villa Vigil.
Durante la asamblea, el mutualista Patricio Martínez, secretario general de CESM, pidió a la Asamblea y al Consejo de Administración que se desista de la acción de responsabilidad civil emprendida contra los consejeros destituidos en 1997 por Seguros, justificando su petición en las diferentes resoluciones favorables a los ex consejeros. Carrero señaló que es la Asamblea quien debe tomar ese tipo de acuerdos.
