l Sólo el PP de Extremadura contiene una propuesta expresa mientras que el PSM y el PRC resaltan la importancia de estas organizaciones

l Los populares navarros y asturianos apoyan la petición de CESM de debatir los temas médicos en un ámbito de negociación específico

| 2011-05-13T15:52:00+02:00 h |

El uso racional de los medicamentos es otro de los objetivos centrales de las promesas electorales de los partidos para el 22-M, en algunos casos como continuación o profundización de las medidas de contención puestas ya en marcha a nivel estatal o autonómico, mientras que sólo los populares asturianos y los socialistas madrileños hacen mención al modelo de farmacia y a la defensa del papel del farmacéutico como agente de salud. Así, el PSOE de Castilla-La Mancha apuesta por fomentar la prescripción del fármaco menos caro a igual efecto terapéutico e IU apela a una política que redefina la relación con la industria proponiendo congelar el capítulo de Farmacia limitando el beneficio de las compañías, regularizando precios y especialidades a través de una comisión de expertos y generalizando los genéricos, una apuesta que que gana terreno en todos los ámbitos, incluidos los hospitales. Pero si por algo se recordarán estas elecciones es por la polémica sobre la privatización y el copago, asunto sobre el que inciden especialmente PSOE e IU. En Asturias, UPyD cree necesario reflexionar sobre la equidad y eficacia del actual sistema de copago farmacéutico y la conveniencia de transformarlo, aunque la oposición política a éste sigue siendo unánime, al menos de cara a los comicios.

MÓNICA RASPAL

Madrid

Aunque no pocos representantes políticos han mostrado, durante sus encuentros con los representantes de los colegios de médicos, su implicación en la defensa de la colegiación obligatoria para los profesionales del sector público —en peligro en la futura Ley de Servicios Profesionales— ésta apenas figura entre las múltiples promesas electorales de los principales partidos para los comicios del 22 de mayo.

Sólo excepciones como el programa del Partido Popular (PP) extremeño contempla expresamente la voluntad de defender la obligatoriedad de estar colegiado y mantener un diálogo con los trabajadores del sistema sanitario a través de sus representantes para hacerles “partícipes” en la toma de decisiones. Sin embargo, aunque tanto Miguel Ángel Revilla como Tomás Gómez, candidatos a presidir las comunidades cántabra y madrileña por los partidos regionalista (PRC) y socialista (PSM), respectivamente, han expresado a médicos y enfermeros su apoyo a esta reivindicación colegial como “garantía de la calidad de la asistencia”, sus documentos de propuestas no la recojen, aunque sí inciden en la importancia de las organizaciones profesionales.

Así, mientras el PRC plantea la posibilidad de que el Consejo de la Profesión Médica se convierta en un órgano consultivo del Gobierno regional, el Libro Blanco de la Sanidad del PSM propone las bases —entre las que figura un Consejo o Comisionado participado por la sociedad civil— de un modelo renovado para que las organizaciones colegiales “revitalicen su liderazgo y reputación” y se conviertan, desde su “autogobierno”, en un marco preferente de interlocución, asesoramiento científico y negociación para las instituciones.

Ámbito de negociación

Más allá de ambas proposiciones y pese a que los portavoces de sanidad de algunas formaciones han presentado sus programas en las sedes colegiales, el compromiso con la defensa de la colegiación se ha quedado, como mucho, en meras palabras, aunque la mayor parte ellos insisten en la necesidad de implicar a los profesionales en la planificación y la gestión de los centros y de garantizar el diálogo constante con sus organizaciones representativas. En concreto, el PP navarro promete mejorar su presencia en la Mesa de la Función Pública y garantizar “mediante normativa” su participación en la toma de deciciones que les afecten y el PP asturiano se compromete a que la Mesa Sectorial de Sanidad sea el “marco de discusión y negociación” de este ámbito, tal y como defiende el sindicato médico CESM, emplazando a debatir en este foro el nuevo Pacto de Contratación, así como el actual Plan de Recursos Humanos para desarrollar uno nuevo respaldado por los profesionales. Por su parte, los socialistas de Castilla-La Mancha potenciarán la participación de los sanitarios con nuevas formas de organización y gestión basadas en un nuevo “profesionalismo” y en el impulso a la autonomía, mientras que los populares de Aragón auspiciarán que el médico tenga carácter de autoridad pública.

En cuanto a las políticas de recursos humanos, los incentivos no sólo ligados a aspectos económicos sino vinculados con objetivos, productividad, calidad, sostenibilidad y eficiencia aparecen recogidos como propuesta socialista en Navarra y Extremadura, que inciden en fórmulas organizativas que mejoren el rendimiento y la implicación en función de resultados en salud, mientras que los populares de Cantabria apuestan por programas de contratación flexibles, la exención de guardias a mayores de 55 años y la promoción de la movilidad voluntaria, negociando un acuerdo de contrataciones para los trabajadores temporales y previendo una oferta de empleo público (OPE) y concurso de traslados bienal con caracter mínimo y obligado.

En Castilla y León, el PP promete una normativa de promoción interna, la implantación progresiva del concurso abierto y permanente para facilitar la movilidad de los trabajadores y una convocatoria anual de oposiciones que mantenga la tasa de interinidad en el cuatro por ciento e Izquierda Unida (IU) propone establecer un calendario de negociación en la mesa sectorial que defina las plantillas de primaria y especializada en la comunidad y una OPE que contemple las plazas necesarias sin prorrogar más de un año la interinidad y la eventualidad.

La demanda de un estudio nacional de necesidades del Sistema Nacional de Salud para desarrollar un Plan Nacional de Recursos Humanos y Materiales, junto con una carrera profesional unificada que valore méritos y facilite la movilidad es una de las premisas defendidas por Unión Progreso y Democracia (UPyD) que también hace hincapié en la necesidad de aumentar la dotación presupuestaria de la atención primaria y su capacidad resolutiva y de estudiar sistemas limitadores de la demanda que no tengan carácter recaudatorio.

Promesas para primaria

Y es que la promesa de reducir la burocracia en el primer nivel, eliminando las tareas de apoyo ajenas a la cualificación del médico y redefiniendo los roles profesionales, es una constante de todos los programas políticos autonómicos, gobiernen o no en dichas comunidades, una contradicción notoria para los facultativos de AP que desde hace tiempo vienen reclamando, sin demasiado éxito, la puesta en marcha de dichas medidas.

También la idea de potenciar el trabajo multidisciplinar y en equipo, así como las funciones del personal enfermero —con la figura de la enfermera de enlace como clave en la atención domiciliaria y de crónicos— es defendida por la mayor parte de las formaciones que, por el contrario, no coinciden en la idoneidad del área única sanitaria como modelo organizativo: mientras el PRC y el PP la defienden, IU promete derogarla en Madrid ampliando de nuevo el número de áreas según lo establecido por la Ley General de SAnidad (1 por cada 250.000 habitantes) y el PSM la considera un “error” en la gestión.