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Los médicos de Atención Primaria podrían perder parte de su capacidad para gestionar las altas laborales si el anteproyecto de real decreto que regula la gestión y el control de los procesos de incapacidad temporal (IT) saliese adelante tal y como lo plantea el Ministerio de Trabajo.
Francisco José Sáez, que actuó como portavoz del Foro de Atención Primaria en esta materia y es uno de los responsables del Grupo de Gestión de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), explicó a GM que este proyecto y el anterior sobre el mismo tema “lo que hacen es minusvalorar mucho la figura del médico de familia”. En el primer caso, se interrumpía la relación entre el facultativo y el inspector de trabajo que lo apoyaba en la baja y se impedía el contacto directo entre ambas partes eliminando esta figura. En el segundo, el médico de familia vuelve a estar bajo una tutela “exagerada” por parte de los inspectores que “muchos de ellos tampoco comparten”. Para él, ambos borradores muestran una “escasa confianza” en los profesionales por parte del ministerio.
Y es que, al reunirse con el Instituto Nacional de Salud (INS) tras el primer borrador, estuvieron “especialmente receptivos” a las alegaciones del Foro de AP y el segundo anteproyecto “da un poco marcha atrás” pero todavía esperan que den “una tercera vuelta” ante la falta de respuesta del ministerio a sus alegaciones por lo que insistirán para volver a negociar con ellos.
Uno de los aspectos mas preocupantes de estos borradores es el hecho de que las mutuas puedan tener acceso a las historias clínicas de los pacientes, lo que podría provocar una pérdida de equidad y especialmente una pérdida de seguridad en los datos. Sobre este particular, Sáez ex0plica que hubo un informe del sindicato CC.OO. “muy radical” con amenazas judiciales, ya que se les daba a las mutuas de accidentes el acceso a toda la información del paciente sin ser autoridad sanitaria, por ejemplo, quedarían a disposición del médico de la mutua datos como que si esa persona es portadora del virus del VIH o tiene un antecedente de interrupción voluntaria del embarazo, sin tener obligación de confidencialidad dentro del acceso a la información para controlar una baja laboral. “Me parece algo muy serio”, remachó.
Por otro lado, cuando la mutua considere que el trabajador puede desempeñar su labor, dirigirá su petición de alta a la inspección, y el silencio administrativo durante cinco días naturales supondrá el alta del mismo. En este sentido, no creen que los plazos estén ajustados a la realidad, ya que en esos días la mutua tiene que comunicar a la inspección médica que el paciente está de alta a efectos económicos, la inspección médica tiene que informar al médico y éste al paciente, que tiene que recurrir el alta si no está de acuerdo, algo “francamente difícil en cinco días” que, además, pueden coincidir con fines de semana o puentes. “Más aún en estos tiempos de restricción económica cuando hay médicos de familia que no se sustituyen”, apostilló.