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Simplificar los procedimientos de reconocimiento de las cualificaciones profesionales de médicos, dentistas, farmacéuticos, arquitectos y otros profesionales para impulsar el crecimiento económico y flexibilizar el mercado laboral, respondiendo a la vez a la falta de profesiones en algunos estados, es la propuesta recogida por un informe aprobado en el último Pleno del Parlamento Europeo.
El documento, defendido por la eurodiputada británica del grupo de Conservadores y Reformistas, Emma McClarkin, ha tomado como referencia una encuesta reciente según la cual más del 50 por ciento de los jóvenes europeos se muestra dispuesto a trabajar fuera de su país, a la vez que se espera un aumento de la demanda de personal altamente cualificado de más de 16 millones de puestos de trabajo hasta 2020 en la UE.
Por todo ello, McClarkin ha abogado por preservar el derecho de estos profesionales a la movilidad en un mercado de trabajo “abierto y flexible”, que les permita desarrollar sus carreras en otros países si así lo desean, ya que además proporcionarán servicios esenciales mejorando la calidad de vida de los distintos estados.
Con el objetivo de acelerar los procedimientos, los eurodiputados han propuesto introducir una tarjeta profesional voluntaria conectada a un sistema de intercambio electrónico de datos (Sistema de Información del Mercado Interior o IMI) al que tienen acceso las autoridades de los Estados miembros y han pedido además que la Comisión Europea establezca un plazo para que la autoridad competente emita una decisión sobre el expediente de un profesional que desee trabajar en otro Estado miembro, reduciendo así los tiempos y agilizando los trámites.
En línea con las propuestas presentadas por el Consejo de Médicos español al Libro Verde que modernizará esta directiva (ver GM, nº 390), también han solicitado que se establezca un mecanismo de alerta para garantizar que todos los países de la UE están informados cuando se adopten medidas legales contra el registro de un profesional o su derecho a ofrecer servicios, aunque también consideran necesario aclarar las normas vigente sobre requisitos lingüísticos, revisando el régimen aplicado a los profesionales sanitarios.
