l Valoran al paciente sin volante médico y deciden si se inmuniza, luego prescriben
l Enfermería acusa a los populares de auspiciar y delegar enmiendas en otros grupos
MÓNICA RASPAL
Madrid
La situación del personal enfermero es “crítica” en el momento actual y el responsable “moral” y ético” no es otro que el Partido Popular (PP). Si este grupo no hubiera presentado ninguna enmienda a la modificación de la Ley del Medicamento en el Senado, ésta ya estaría aprobada y las enfermeras contarían con respaldo jurídico para ejercer las funciones que les han exigido en la vacunación de la gripe A.
El presidente del Consejo General de Enfermería (CGE), Máximo González Jurado, criticó así la falta de “rigor”, de “seriedad” y de “compromiso” de los populares que, en su opinión, han conseguido su objetivo, “bloquear” el proceso de regulación de la prescripción enfermera en la Cámara Alta, retrasando éste unos tres o cuatro meses —del Senado volverá de nuevo a la Comisión de Sanidad del Congreso y posteriormente otra vez a la Cámara Alta— y dando un “balón de oxígeno” a las reclamaciones del Consejo de Médicos. Y lo han hecho con la presentación de unas enmiendas que, para González Jurado, son “muy poco serias”, “contradicen” su discurso inicial y demuestran una “irresponsabilidad” y un “desconocimiento profundo” de las profesiones sanitarias. “Las luchas internas les han hecho perder el norte y les han dejado sin un liderazgo claro”, añadió.
La idea del PP, según el presidente del Consejo enfermero, era presentar un texto alternativo pidiendo que se modificara la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) antes de autorizar a las enfermeras a prescribir, dejando en suspenso el proceso actual, lo que iba a suponer un “conflicto de gran envergadura”, pues son las propias regiones populares las que están obligando al personal de enfermería a valorar a los pacientes sin volante médico y en virtud de ello decidir si vacunar o no frente al virus H1N1, es decir, prescribir. A su juicio, la presión mediática les hizo renunciar a esta enmienda pero a cambio han “auspiciado” e incluso “delegado” otras —presentadas por el Grupo Mixto y Entesa Catalana— con el único objetivo de bloquear la norma.
Así, González Jurado se mostró sorprendido de que el PP quiera incluir a los fisioterapeutas como prescriptores “bajo su única responsabilidad” y con un catálogo de medicamentos determinados por su propio Consejo, sin requerirles ningún trabajo conjunto con los médicos para cumplir la LOPS, tal y como se ha exigido al CGE. “De paso perjudican a los odontólogos y los podólogos, incompatibilizándoles la fabricación y elaboración de productos, como prótesis y ortesis que son parte de su ejercicio”, agregó.
Pese a que es consciente de que ninguna de estas enmiendas va a prosperar en la Cámara Baja, el presidente de los enfermeros destacó la gran trascendencia de este nuevo retraso porque las enfermeras están en plena campaña de vacunación de la gripe A, sin respaldo jurídico en caso de un accidente que sea consecuencia de este acto profesional. Por ello, este Consejo ha mandado una carta a las administraciones sanitarias de las CC.AA. para preguntarles quién asumirá la responsabilidad penal y civil en estos casos y a la Organización Médica Colegial (OMC) para pedirle que intervenga ante este “intrusismo masivo” profesional, sin haber obtenido respuesta en ningún caso.
Pese a todo, por su compromiso con la población, el colectivo seguirá ejerciendo estas funciones en una situación de “inseguridad legal” de la que, para González Jurado, el responsable ético y moral es el Partido Popular.
Mientras la Organización Médica Colegial (OMC) advierte de un “alarmismo” injustificado en torno a la gripe A y pide respeto hacia las decisiones de los profesionales, el Consejo de Enfermería ha presentado el primer estudio sociológico —que actualizará periódicamente— en el que se aportan datos tan reveladores como que un 47,7 por ciento de la población de riesgo no tiene intención de vacunarse frente al virus, una cifra preocupante para su presidente, Máximo González Jurado, quien cree que se está minimizando el riesgo hasta alcanzar la “desidia” por lo que considera prioritario elaborar estrategias de concienciación. En este sentido, aún más inquietante resulta el hecho de que los mismos profesionales sean reticentes a recibir la inmunización y que un 7,3 por ciento no esté recomendando ésta a los pacientes, según la percepción de los encuestados, lo que González Jurado califica de actitud irresponsable y éticamente reprobable.
