RETOS/ Una acreditación en manos de los colegios evitaría la falsificación de títulos
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El Consejo Médico apoya medidas de control del gasto similares en todo el país
Presentarán esta semana sus propuestas sobre la mejora de los cuidados paliativos
Mónica Raspal
Madrid
“No sé si España ha perdido la capacidad de pactar o de tener compasión por los necesitados, que son la base del Sistema Nacional de Salud (SNS), pero que nuestros dirigentes no tengan la inteligencia y la compasión para llegar a este Pacto por la Sanidad me escandaliza, aunque es lo que hay”. Entre enojado y resignado, el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, se ha sumado así a las voces que continúan clamando “en el desierto” para que los grupos políticos retomen un pacto “imprescindible” pero que, tras fracasar en el Congreso, parece haber quedado postergado sine díe poniendo en riesgo, según Rodríguez Sendín, los recursos del sistema y con ello a los enfermos más graves, que son los que más lo necesitan.
Durante un desayuno con la prensa en el que el presidente de la OMC expuso los principales temas que abordará la organización durante este año, éste también apeló a la conciencia de los profesionales para que ayuden, con su trabajo, a controlar el déficit de recursos ofreciendo siempre la mejor calidad ya que, en su opinión, hay que analizar el origen de unos recortes salariales que se deberían haber evitado.
Por ello, también reclama equilibrio por parte de las administraciones autonómicas a la hora de reducir las partidas, de forma que el aumento de unas no se haga en detrimento de otras. En este sentido, la entidad se muestra a favor de las medidas de control del gasto farmacéutico implantadas en comunidades como Galicia, Andalucía o País Vasco anteponiendo siempre la libertad de prescripción del médico.
Tal y como explicó el secretario general, Serafín Romero, se muestran a favor de estas propuestas de sostenibilidad —aunque no estén de acuerdo con algunos aspectos como la modificación de tratamientos entrando en las historias clínicas o que de un grupo terapéutico sólo se pueda recetar un fármaco como incluían algunas propuestas— pero creen que deberían ser las mismas en todas las regiones.
El establecimiento de unos requisitos mínimos a cumplir a nivel nacional también será una apuesta del Consejo Médico para este año de cara a la futura ley de muerte digna —que preferirían llamar “ley para la mejora de la prestación integral de los cuidados paliativos”— y por ello presentarán esta semana los puntos legislativos que consideran necesario abordar, como el registro de voluntades anticipadas, los reglamentos para los profesionales que se dedican a ello y la inclusión de esta formación en los estudios de Medicina.
En este caso, esperan que sus propuestas sean tenidas en cuenta pese a que no ha sido así en el decreto de receta médica —no han incluido ninguna de sus alegaciones y tampoco tienen noticia de la ley de colegiación obligatoria —que se deberá resolver en dos o tres meses—, pues no mantienen interlocución con el nuevo equipo del ministerio, que ni siquiera ha recibido al Foro de la Profesión Médica y al de Atención Primaria.
Acreditación colegial
Según Rodríguez Sendín, esta obligatoriedad de la colegiación evitaría casos de fraude en la venta de títulos para ejercer la Medicina en España como la supuesta trama destapada por el periódico La Gaceta que motivó una visita de la Policía Judicial a la sede colegial hace cuatro meses.
La OMC viene alertando de estas estafas sobre el ejercicio de facultativos extranjeros en nuestro país sin la homologación requerida y para combatirla propone un sistema voluntario de acreditación profesional —tanto para comunitarios y extracomunitarios— que garantice que los profesionales poseen los conocimientos y capacidades necesarias, así como el idioma para comunicarse con sus pacientes.
Esta acreditación estaría en manos de los colegios profesionales y luego las administraciones decidirían sobre la contratación, una medida que podría ser refrendada por la Comisión Europea que ha abierto una consulta pública para actualizar la Directiva de Cualificaciones Profesionales de 2005 proponiendo que las competencias para emitir certificados de cualificación profesional recaigan en los colegios en lugar de la Administración.
