Con casi una legislatura a sus espaldas, el consejero Sáez Aguado sigue poniendo por delante la defensa de la atención sanitaria de los castellanoleoneses, aunque para ello tenga que expresar su disconformidad con algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno central.
Pregunta. A pocos meses del final de la legislatura, ¿qué balance realiza?
Respuesta. Hemos conseguido blindar la sanidad pública ante los efectos de la crisis en la medida en la que en Castilla y León no ha habido ningún cierre de centro. La sanidad ha adelgazado pero hemos conseguido que no se reduzcan prestaciones. Hemos tenido que renunciar a algunas inversiones, a la construcción de algunos centros, y adoptar medidas que han afectado a los profesionales. Hace cuatro años la sanidad estaba en crisis y ahora comenzamos a ver la luz en parte gracias a los esfuerzos del sector sanitario.
P. ¿Cree que le ha quedado algo pendiente?
R. Hay algunos proyectos que son permanentes como el plan de crónicos, que es un cambio cultural. Hemos avanzado en este sentido, también en continuidad asistencial y en gestión clínica. Algo que hemos iniciado es el concepto de redes y alianzas entre centros. Y es que a veces los hospitales estaban más en la tarea de competir entre ellos que en colaborar, por eso estamos creando alianzas para establecer procedimientos compartidos, entre centros y profesionales y apoyarlo todo con tecnología. Es el caso del anillo radiológico, que acaba de empezar.
P. ¿En qué fase se encuentra el decreto de gestión clínica? ¿Cómo lo van a compaginar con el RD nacional?
R. Está aprobado. Hemos seleccionado 40 proyectos y estamos mejorando con los equipos su contenido, por lo que muy pronto empezarían ya a funcionar. Es un error de las organizaciones de enfermería no apoyarlo. Aún así hemos tenido tres propuestas de unidades que demuestran que la realidad pone de manifiesto que la enfermería puede dirigirlas. En el caso de la regulación nacional, hemos advertido al ministerio de que la legislación tiene que ser de mínimos. Se trata de gestión y de organización de centros, donde el ministerio deberá valorar si se inmiscuye en competencias autonómicas. No debería hacerlo.
P. Se ha activado ya el primer grado de carrera profesional, ¿cuáles son los próximos pasos?
R. Los próximos son reactivar el resto porque con motivo de la crisis habíamos paralizado nuevas convocatorias. Hay que evaluar cómo está funcionando porque da la sensación de que la carrera se ha transformado en complementos de antigüedad y es algo que deberíamos revisar. Tenemos que estimular el esfuerzo, compromiso, dedicación, formación, investigación…
P. ¿Podrían convocarse más plazas para la OPE que está prevista?
R. En esa oferta hemos llegado al máximo de la capacidad de reposición, no podemos ir más allá. Lo que sí haremos es incorporar algunas plazas que no habíamos utilizado en convocatorias anteriores y acumularlas. La oferta estará en torno a 1.400 puestos, una cifra que da respuesta a la demanda de estabilidad.
P. ¿Ha adoptado alguna medida para contrarrestar el impacto del aumento del IVA sanitario?
R. La medida es pagarlo, qué remedio nos queda. Los servicios de salud autonómicos hemos hecho ya muchas medidas de ajuste y estamos al límite. Propusimos que, como en España tenemos un problema de obsolescencia del parque tecnológico, el incremento de la recaudación del IVA se aplique al menos parcialmente en un ‘plan renove’ que nos permita abordar ese problema. Cuando hay problemas de presupuesto lo primero es dejar de invertir y eso es muy peligroso para los centros y el pago a proveedores. En el año 2011 estuvimos a punto de no poder pagar las nóminas. Sería muy razonable que el ministerio de Hacienda fuera sensible a estos planteamientos.
P. ¿Qué opina de la enmienda popular a la Ley de Financiación Autonómica, que prevé penalizar a las CC.AA. cuyo gasto farmacéutico supere el PIB?
R. La situación de la sanidad no se puede plantear solamente en términos de reducción del gasto y esa parece que es la senda del ministerio de Hacienda. ¿Qué ocurre con los ingresos? Es especialmente inadecuado que se plantee una medida de ese tipo cuando precisamente estamos hablando del tratamiento de los pacientes con hepatitis C. El Estado aprueba los medicamentos y nuestra obligación es facilitárselos a los pacientes y al mismo tiempo el área de Hacienda de ese Gobierno dice que no podemos superar un gasto farmacéutico X y no se da cuenta de que el gasto farmacéutico viene inducido, depende de decisiones de los clínicos, por lo tanto tiene un margen de “control” político limitado. Creo que lo que expresa es una incomprensión bastante importante por parte del ministerio de Hacienda. No podemos cerrar los ojos a la introducción de nuevos medicamentos pero no hablamos de la financiación, sólo del gasto y además se nos pide que lo reduzcamos.
P. ¿Cómo valora el plan de hepatitis C?
R. Se han encontrado mecanismos de financiación que, en una primera lectura, luego lo veremos porque Hacienda siempre tiene alguna trampa detrás de la letra gruesa, pueden ser razonables. Ahora nos queda organizarlo para dar una respuesta progresiva.
P. ¿Están a la espera por tanto de la reunión con Hacienda?
R. Sí. No ha habido grandes novedades y estamos pendientes de esa reunión. El gasto a partir del 1 de abril no computará como déficit y hay un criterio de financiación vinculado, o bien al Fondo de Liquidez Autonómica, o al Fondo de Facilidad, en las CC.AA. más “saneadas”, entre las que está Castilla y León. Se han establecido mecanismos con las compañías de techo de gasto y de reducción de precios en función de número de tratamientos. Esto lo tendremos que conocer un poco mejor. Nuestro objetivo es que este año estemos por encima de los 1.000 pacientes en tratamiento.
P. Viene más innovación ¿Cómo puede afrontarse?
R. En la anterior reunión le pedí al secretario de Estado de Hacienda que se incorporase ese tema. El sistema debe tener criterios para evitar el ‘yo invito y tú pagas’ y que las medidas sean siempre de ajuste de gasto. Hay que contemplar procedimientos de ingresos. Y falta también un debate social sobre la sanidad que queremos y la que tenemos que financiar. Si vamos a incorporar muchas innovaciones muy costosas tenemos que ver de qué manera se financian porque los ingresos públicos la mayoría son por impuestos.
P. Aunque la reincorporación a la farmacia de la vacuna de la varicela no ha estado en el Cisns ¿Cuál sería su postura?
R. Siempre hemos tenido una opinión favorable a la incorporación al calendario en edades precoces y en su mantenimiento en el canal de farmacia. Apelamos a que haya acercamiento y consenso entre las autoridades sanitarias y las sociedades científicas. La retirada del canal farmacia generó situaciones que podían suponer algunos riesgos. Hay que animar al ministerio a que profundice en ese consenso.
La situación
de la sanidad
no puede plantearse sólo en términos de reducción del gasto”
La retirada
de la vacuna
de la varicela de
las farmacias generó situaciones de riesgo”
