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País Vasco tendrá que aplicar el RDL 16/2012, incluida la revisión del copago farmacéutico, y Andalucía paralizará la subasta de fármacos, a pesar de que hace menos de una semana el Constitucional levantaba la suspensión cautelar sobre la convocatoria de subastas andaluzas.
Son las consecuencias del último paso del pleno del Tribunal Constitucional, que ha admitido a trámite los recursos del gobierno contra el decreto del gobierno vasco que pretendía esquivar la reforma sanitaria del ministerio de Sanidad de Ana Mato, así como el recurso de inconstitucionalidad contra el decreto Andaluz que daba respaldo legal a las subastas de fármacos, lo que deja en suspenso su vigencia y aplicación desde el 20 de julio. Además, el Constitucional ha solicitado al Abogado del Estado que en plazo de diez días aporte el dictamen del Consejo de Estado.
La Junta de Andalucía cuenta con un plazo de quince días para personarse en el proceso y formular alegaciones, mientras el gobierno vasco dispone de un plazo de veinte días para realizar alegaciones.
Desde la consejería andaluza de Salud y Bienestar Social, se ha reprochado al gobierno central que acuda “constantemente” al Tribunal Constitucional haciendo uso de la “prerrogativa” que le concede la legislación para resolver un conflicto de competencias y como mecanismo de control de las acciones de las comunidades autónomas. El departamento que dirige Montero no concibe que apenas unos días después de que se haya levantado la suspensión cautelar sobre la convocatoria pública de selección de medicamentos, se presente un recurso contra la normativa que sustenta el concurso.
Asimismo, fuentes del gobierno vasco han anunciado que aplicarán el copago farmacéutico cuando los sistemas de prescripción del servicio de salud estén en condiciones de hacerlo. En opinión del gobierno vasco, la medida que trata de imponer el ejecutivo central vulnera las competencias del País Vasco y limita de forma antijurídica su autogobierno, dos argumentos que esgrimirán en el conflicto de competencias planteado.
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Por su parte, la Oficina del Defensor del Pueblo ha hecho pública su resolución sobre las peticiones recibidas para recurrir la reforma sanitaria. Pese a haber recibido más de 600 solicitudes, entre ellas las de la Organización Médica Colegial, el sindicato médico CESM, Satse, CC.OO., UGT e Izquierda Unida, la entidad ha decidido no interponer recurso, aunque cuestiona algunos puntos.
El texto, firmado por María Luisa Cava ya en funciones, insta al Ministerio de Sanidad a garantizar la protección de la salud de los colectivos excluidos de la asistencia sanitaria, así como a mantener la gratuidad del transporte sanitario no urgente y a revisar el sistema de fijación de precios de los fármacos.