NORMATIVA/ El Consejo de Ministros aprobó el viernes el anteproyecto de la futura normativa, que iniciará su tramitación parlamentaria
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La Asociación Española de Científicos considera que es un buen texto, aunque no resuelve el “exceso de organización” del sistema actual
La Federación de Jóvenes Investigadores cree que no acabará con la precariedad de los contratos en el ámbito privado y de las CC.AA.
E.M.C.
Madrid
El texto del anteproyecto de la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación recibió el visto bueno del Consejo de Ministros el viernes pasado. De este modo, inicia su trámite parlamentario uno de los proyectos estrella de la titular del ramo, Cristina Garmendia, que a pesar de los recortes en su ministerio y de la situación económica, reitera que sigue apostando por la investigación como el motor de un nuevo modelo de desarrollo que se servirá de la nueva normativa como herramienta básica.
Desde el ámbito de la investigación, la nueva ley se recibe con una mezcla de optimismo y escepticismo. Una mirada positiva, en la medida que constituye la esperada renovación de la norma de 1986, pero recelosa, ya que no contempla la financiación necesaria para la puesta en marcha de mecanismos que transformen la realidad actual de la ciencia española.
Para Jesús Martín Tejedor, presidente de la Asociación Española de Científicos (AEC), la nueva ley es, en términos generales, “bastante buena”, sobre todo en aspectos importantes como la aproximación de la investigación al mundo empresarial o el interés por la carrera profesional de los investigadores, que, en sus palabras, “queda muy bien estructurada y consigue que optar por que la carrera de investigador no tenga que ser una decisión heróica, como hasta ahora”.
Sin embargo, añade, el texto no resuelve algunos defectos del sistema instaurados por la ley de 1986 y dibuja un ámbito científico que adolece de un “exceso de organización” con la generación de estructuras orgánicas como elementos de control, evaluación, planificación, etc., mecanismos envolventes que acaban por fagocitar la realidad de la investigación, aunque, por otra parte, garantizan el uso de los caudales públicos con control y seguridad.
Frente a estas estructuras, el presidente de la AEC aboga por devolver el protagonismo a los centros de investigación y a sus directores, que han pasado a un segundo plano en la medida que la financiación llega de la mano de los proyectos de investigación de científicos que, en la práctica, trabajan de forma individual.
No obstante, Martín Tejedor considera que la nueva ley supone una buena herramienta para transformar el modelo productivo, lo que no implica, en sus palabras, “que lo vayan a conseguir”, a pesar de haber trazado el camino. La falta de cultura científica del mundo empresarial español representa un lastre que impide vaticinar hasta qué punto trascenderá la nueva ley, en opinión del portavoz de la AEC.
La precariedad continuará
Los jóvenes científicos también muestran sus reticencias ante el texto que pasará al Congreso. Concha Cortés Zulueta, portavoz de la Federación de Jóvenes Investigadores, afirma, en declaraciones a GM, que la principal pega es que “la ley no establece unos mínimos, como la contratación del personal investigador desde el principio” en todos los ámbitos. No acabará con la precariedad, critica, porque sólo se aplicarán a las convocatorias estatales públicas, y no controla las financiadas por fundaciones o las de CC.AA.
Por otra parte, Cortés considera que dibuja una carrera investigadora “poco ambiciosa” que sería equiparable tanto en organismos públicos de investigación como en universidades, pero que sólo es aplicable a las ayudas financiadas por fondos públicos estatales. Además, echa en falta mecanismos de evaluación, ya que, en su opinión, la carrera debería estar basada en méritos, con una evaluación externa en todas las fases.
La portavoz de los jóvenes investigadores admite también su inquietud por la falta de financiación: “por muchos cambios que pretenda, si no hay recursos no se podrá poner en marcha”, argumenta. Aunque “mejora la ley vigente”, Concha Cortés entiende que la normativa “tiene buenas intenciones en algunos aspectos, pero no establece medidas efectivas de coordinación”.
