Julio Zarco es presidente del Consejo editorial de GACETA MÉDICA. Blog ‘Ser médico’ – www.juliozarco.com Hace ahora cinco años, el gabinete de la entonces ministra de Sanidad, Elena Salgado, hacía un gran alarde mediático promulgando a los cuatro vientos la deseada “Ley de Dependencia”, que pasaría a convertirse en el cuarto pilar del estado del bienestar, concepto melifluo y poco definido que aún no llego a comprender muy bien. El entonces Gobierno socialista “vendió la piel del oso antes de cazarlo”, aludiendo que cualquier país progresista y socialdemócrata que se preciara, tenía que abordar sin más dilación una ley que enmarcara los servicios y prestaciones sociosanitarias de los ciudadanos dependientes. Hasta aquí, todos estamos de acuerdo, el sector profesional aplaudió la iniciativa y hasta los sectores más críticos con aquel Gobierno se congratularon por la buena nueva. En los momentos iniciales, a algunas mentes críticas como la del que subscribe, ya nos pareció sospechoso que no se diera a conocer el Proyecto de Ley al sector sanitario y que éste solo pasara por el entonces Ministerio de Trabajo y Economía. Posteriormente contemplamos con cierto estupor que la ley no se había presupuestado y dejaba en el aire algunas incógnitas de difícil solución, como establecer el circuito de valoración, el papel que tendría la Atención Primaria, las estrategias con el cuidador y cómo se podían armonizar las prestaciones de servicios en un país centrifugado por las comunidades autónomas. El día 10 de julio se reunió el Consejo Territorial de la Dependencia y el mensaje que emitió la ahora ministra de Sanidad, Ana Mato, es que la Ley de Dependencia “depende” de los presupuestos y que a lo largo de estos cinco años se han producido grandes desajustes, no sólo presupuestarios, sino de prestación de servicios, existiendo una gran desigualdad autonómica, algo que ya se venía anunciando por los estudios realizados por los profesionales. Visto así el tema, observamos que existe un desfase presupuestario de nada menos que de 2.700 millones de euros, pues existe de inicio unas 400.000 personas dependientes a las que no se las había tenido en cuenta. Sólo en grandes dependientes se preveía que existían más de 200.000 personas a principios del año 2012, cuando en la realidad hay más del doble. Por otro lado, casi el 50 por ciento de las prestaciones han sido destinadas a ayudas económicas directas, sobre todo, al pago de los cuidadores. Pero claro, como hemos señalado, la mayor parte de las ayudas se ha focalizado en los grandes dependientes, descuidándose las que deberían haberse centrado en prestaciones residenciales y servicios de la red pública destinados al resto de enfermos dependientes. El colmo es ver que las prestaciones percibidas no se ajustan a los grados de dependencia, es decir, todo un despropósito. Con esta situación, la ministra ha decidido que hay que poner orden y acometer varias reformas a una ley que vende mucho mediática y políticamente, pero que debe ajustarse a la realidad sociosanitaria y económica del país. Para ello el actual Gabinete propone la simplificación de los baremos de dependencia a tres grados, priorizando los grados graves y severos y reduciendo un 15 por ciento las ayudas directas a los cuidadores familiares, para dirigirlas a las partidas antes señaladas. Si bien, este tipo de medidas perjudicarán a muchos dependientes que hasta ahora se mantenían en sus domicilios, dada la escasez de recursos asistenciales para ellos. Este sinsentido justifica nuestras críticas de hace cinco años, y es que no se pueden hacer “leyes a la sueca” en un país como España. viernes, 13 de julio de 2012 h
