Julio Zarco es presidente del Consejo editorial de GACETA MÉDICA. Blog ‘Ser médico’ – www.juliozarco.com En los últimos días del mes de julio, la sanidad está que arde, alimentando el fuego las medidas de recorte económico del Gobierno. Los funcionarios protestamos contra la supresión de la paga extra de navidad, la eliminación de los “moscosos” y la falta de coherencia de una casta política cada vez más alejada de los ciudadanos que los eligieron para gobernar esta nave llamada España, nave que lleva a la deriva desde hace más de una década. Otros años por estas mismas fechas, la atonía pre veraniega hace languidecer la prensa y solo a través de los “culebrones de verano”, esas noticias más provocadas que recogidas, se saca algo de lustre a las somnolientas conciencias. Pero este año es distinto, pues el clima político del país está caldeado. Aún así, como siguiendo una costumbre ancestral, el “culebrón veraniego” está servido en bandeja en tiempo y en forma. En esta ocasión, hablamos de un tema altamente sensible y de gran impacto social: la normativa que regula y obliga a los médicos a no atender a los emigrantes ilegales, que viven en nuestras calles y plazas. El tema es de una gran complejidad y por ello estas palabras sólo pretenden provocar la reflexión ponderada y crítica. El Gobierno pretende, mediante normativa, que los médicos, fundamentalmente los de Atención Primaria, no prestemos nuestros servicios a aquellos emigrantes en situación ilegal que se acerquen a nuestras consultas, justificando tal medida, con un claro criterio de costes económicos. Otras voces hablan de injusticia social y falta de equidad con respecto a los ciudadanos legalmente constituidos en una nación con un déficit de más de 15.000 millones de euros en materia sociosanitaria. Siguiendo un criterio de justicia social, equidad y ética de la gestión de los fondos públicos, podría surgir la duda sobre si los recursos limitados del sistema sanitario deberían emplearse de igual forma en unos y otros colectivos a los que nos referimos, si bien nuestro código deontológico nos obliga a ofrecer asistencia sanitaria a todo ciudadano que lo necesite. Por ello sorprende que algunas instituciones y organizaciones profesionales de este país aprovechen estos momentos y situaciones comprometidas para sacar rédito fácil con temas de gran sensibilidad y calado social. Pues yo me pregunto: ¿es necesario hacer un registro de insumisos u objetores de conciencia para este menester? ¿Para qué servirá? Se entiende con ello que los no objetores no comparten con los insumisos que sus deberes como médicos están por encima de la ley. Queda entonces claro que a los ojos de todos los agentes sociales este tipo de acciones son encomiables y de un altruismo espectacular. Me gustaría expresar mi sentir y mi opinión desde el máximo respeto a todas las partes y fundamentalmente como médico de Atención Primaria que soy. Como médico atenderé, cuidaré y velaré por todos aquellos pacientes que acudan en busca de mi ayuda, sin distinción de sexo, raza, condición, etc. Si son legales, ilegales, con recursos o sin ellos, o cualquier circunstancia social, política o creencial. De la misma manera procederé con mis pacientes que necesiten ayuda, alivio o cura para sus padecimientos, independientemente de si los tratamientos pertinentes están contemplados en las guías, en los protocolos, son fármacos genéricos, o de marca. En fin, que la deontología, ética y criterio médico son fundamentales en todas las parcelas del “acto médico”. Mi recomendación es por tanto, que en vez de registros de objeción, se reactualice, interiorice y aplique en todas y cada una de las situaciones cotidianas de nuestra consulta, el “Juramento Hipocrático”. viernes, 27 de julio de 2012 h
