Uno de los grandes logros de nuestro actual Sistema Nacional de Salud es su prestación de servicios universal, gratuita y con equidad y eficiencia. La actual situación de crisis económica está poniendo entre las cuerdas a nuestro modelo de provisión de servicios, porque pone en entredicho la viabilidad y factibilidad económica de la universalidad, la gratuidad y ahora también la equidad. La vertebración de un Sistema Sanitario requiere de una gran visión en la planificación de los cuidados y los servicios sanitarios y de la necesidad de homogeneidad en todo el territorio español, para evitar situaciones de falta de equidad y los desajustes y desarmonías que actualmente existen en la prestación de servicios entre las distintas comunidades autónomas.
La cartera de servicios, o catálogo de prestación de cuidados a la población que recoge, no solo las actividades asistenciales, sino también los estándares de calidad y los indicadores para evaluar su efectividad, ha sido durante 30 años, una de las herramientas más valiosas para vertebrar el sistema sanitario y generar homogeneidad y equidad. Durante los primeros años de la reforma sanitaria se realizó un importante esfuerzo de construcción y planificación de una cartera de servicios de calidad, flexible y adaptable a los requerimientos poblacionales. La situación de las trasferencias sanitarias, con el consiguiente desarrollo de los 17 sistemas sanitarios autonómicos, donde se trató de definir las diferencias e idiosincrasias de los distintos pueblos de esta España plural, significó que se pusiera el acento en dotar a la población de unos servicios ajustados a sus propias necesidades, con las diferencias propias de las distintas comunidades. Pero lo que en principio parecía un principio de aserto constitucional y equidad, que no es lo mismo que igualdad territorial, por distintos intereses y afán de protagonismo, han conseguido justo el efecto inverso: una mayor desigualdad entre los ciudadanos de nuestro país, dependiendo de su lugar de residencia.
Por otro lado cada Comunidad Autónoma llevaba a cabo la actualización de su propia cartera de servicios, con una parálisis en la visión de conjunto de la cartera de prestaciones sanitarias de los ciudadanos españoles. En su lugar, las Consejerías de Sanidad, que recibían unos presupuestos no finalistas para sanidad, ajustaban sus servicios sanitarios en función, no de una planificación estatal, sino de una planificación provincial, municipal y autonómica; ajustada a periodos legislativos concretos, y no a un plan de resultados en salud. Las consecuencias no se han dejado esperar, encontrándonos en poco tiempo con 17 calendarios de vacunación infantil diferentes, uno por cada CC.AA., unos servicios sociosanitarios diversos, unas prestaciones sanitarias no homogéneas y en definitiva, una falta de equidad en todo el sistema sanitario, condicionado básicamente por el lugar donde se reside y el nivel presupuestario y gestión de cada gobierno regional.
En estos días, el Director General de Cartera Básica de Servicios y Farmacia del Sistema Nacional de Salud, Agustín Ribero, ha manifestado públicamente, que se va a proceder a una homogenización de la cartera de servicios, con la consecuente revisión periódica de la misma, para tratar de actualizarlos y ajustarlos a las necesidades reales de la población. Es evidente que hay que suprimir lo obsoleto, incluir lo necesario y establecer diversos niveles para poder ofertar no sólo lo básico, sino y tras los años de experiencia acumulados servicios más específicos con gran impacto en la salud, pero dotándolos de un sistema de corresponsabilidad del ciudadano junto con la Administración Sanitaria. La pregunta es: ¿quiénes serán los que decidan qué se incluye y que no?, la respuesta es clara, expertos profesionales independientes y no vinculados a la Administración, pues esta es la única garantía de eficacia, eficiencia y ética
Blog ‘Ser médico’ – www.juliozarco.com
@JulioZarcor en twitter
